En menos de 24 horas de que el juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos, rechazó sustituir la medida cautelar por otra distinta, luego de encontrar elementos para suponer un elevado “riesgo de evasión de la justicia”, la ex funcionaria Rosario Robles Berlanga perdió otro amparo, que interpuso en contra de su auto de vinculación a proceso.
El titular por el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia de la Ciudad de México, Patricio Vargas Alarcón, fue quien negó dicho amparo, de acuerdo con el expediente 723/2019, resolución que aún no es publicada, estimó sobreseer la medida cautelar, dictada en un principio por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.
El acuerdo que se firmó este 6 de febrero señala que “Resuelve. Primero, se sobresee (cesar en el cumplimiento de una obligación relacionada con dinero). Segundo, la Justicia de la Unión no ampara ni protege”.
Cabe recordar que el 3 de septiembre, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México impugnó los “actos dentro de juicio”, “consistente en el auto de vinculación a proceso, dictado en la continuación de la audiencia inicial del 13 de agosto de 2019 y su ejecución, en la causa penal 314/2019”.
Su defensa pretendía que por medio de un amparo se revertiera la medida que la mantiene tras las rejas desde entonces. Nueve días después, dicho juez consideró infundados los motivos expuestos.
La tarde del 6 de febrero, al dar por concluida la queja, el juicio de amparo desechó toda posibilidad de que se declararan extralimitaciones atribuidas a Delgadillo Padierna, quien la envió a prisión, inicialmente por un periodo de dos meses, pero han pasado seis meses y continúa en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de Ciudad de México, mientras se desahogan las investigaciones.
Es preciso recordar que la noche del pasado 5 de febrero, el juez Villar Ceballos, también dio otro revés contra Rosario Robles debido a que: “Las condiciones objetivas por las que se le impusieron medidas cautelares no han variado. Lo que se han aportado son algunos datos nuevos, pero no el fondo”, sostuvo.
Durante esa maratónica audiencia, que duró 11 horas, estuvo presente la ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en el mandato de Enrique Peña Nieto.
A decir del juez de control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos, en sustitución de Delgadillo Padierna, quien ahora desempeña funciones administrativas, no existe constancia de que Robles Berlanga tenga arraigo en la Ciudad de México y no pretenda evadirse de la justicia si se le impone otra medida cautelar.
Departamento 222 vinculado a Estafa Maestra
Otro escándalo que involucra a la funcionaria, es que mientras se desempeñó como secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) rentó un departamento en Reforma 222, el cual tenía como aval a una empresa vinculada con la “Estafa Maestra".
La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer en la audiencia de revisión de medidas cautelares, que el dueño del inmueble, cuyo valor radica entre los 18 millones de pesos, entregó los contratos de arrendamiento donde se especifica que la funcionaria fue inquilina de 2013 a 2017.
En la documentación se señala que los primeros dos contratos estaban a nombre de Susana Islas González, esposa de Mauricio Berlanga Quintero, primo hermano de Robles, quien estaba como aval para cubrir la renta de 37 mil pesos mensuales a la empresa Escena, S.A. de . C. V. que tiene como domicilio la calle Puerta Antigua, colonia Rincón de San Ángel en Torreón, Coahuila.
Este domicilio también aparece registrado en las empresas Matchser, Factores y Servicios Humanos y Srevint, las cuales obtuvieron contratos irregulares con Sedesol; donde las dos primeras entidades recibieron 15 millones y última 10 millones de pesos. Susana Islas y Mauricio Berlanga, quienes están en calidad de desaparecidos, aparecen en las tres empresas.
Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entidad que denunció los desvíos millonarios por los que se acusa a Robles de omisión, dichas empresas recibieron 334 millones de pesos por parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, para que supervisaran algunas de las obras contratadas con universidades públicas, con las cuales se detectó la triangulación de recursos en el caso de la “Estafa Maestra”.
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