
El 11 de junio de 1996, cerca de una treintena de integrantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá —Accu—, llegaron al corregimiento La Granja del municipio Ituango y asesinaron a cinco personas. Acusándolos de ser colaboradores de la guerrilla, los paramilitares sacaron a los pobladores del casco urbano de esta zona y los mataron delante de familiares y vecinos.
Por estos hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en 2006 una sentencia en la cual fue condenado el Estado condenado por esta y las masacres de San Roque —cometida en 1996— y El Aro —perpetrada en octubre de 1997—. Sumado a eso, el Consejo de Estado determinó que el Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa tuvieron responsabilidad en el desplazamiento forzado que sufrieron decenas de familias en La Granja.
El fallo conocida por El Tiempo determina la reparación a 60 personas que no habían sido incluidas en la sentencia proferida por el tribunal internacional que incluyó a 31 víctimas pero, en lugar de decretar medidas económicas de resarcimiento, le exigió al Estado establecer las medidas necesarias para garantizar las condiciones de seguridad de las poblaciones tomadas por los paramilitares y que quieren retornar a sus viviendas.
Concretamente, la Sección Tercera del órgano judicial ordenó la reparación con 50 salarios mínimos legales “a favor de las víctimas de desplazamiento de La Granja en junio de 1996 inscritos en el registro de víctimas que no fueron parte del proceso ante la Corte Interamericana”, incluyendo a quienes no fueron cobijados en la sentencia de la Corte IDH.
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De igual manera, el Ejército tendrá que hacer un pago por 3000 millones de pesos al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos. Una vez efectuada dicha consignación, el Fondo “publicará un extracto de la presente sentencia en un diario de amplia circulación nacional”, se lee en el fallo mencionado por el medio citado.
En ese extracto, según el Consejo de Estado, se debe precisar que “quienes estén inscritos en el registro de víctimas como desplazados de La Granja en junio de 1996 y no concurrieron al proceso cuentan con 20 días, siguientes a la publicación, para reclamar la indemnización ante el Fondo”. El tribunal de justicia ordinaria también declaró la cosa juzgada internacional respecto de las 31 personas incluidas en el fallo de la Corte IDH, pues este aceptó la indemnización por daño inmaterial y material.
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Por otra parte, vale mencionar que el 30 de noviembre del año pasado, el presidente Gustavo Petro estuvo presente en un mea culpa dedicado a las víctimas de las masacres de La Granja y El Aro. En dicho evento, el jefe de Estado aseguró que los sitios de las masacres deben no deben ser estandartes del abandono, sino lugares que conjuguen la memoria, el arte y la belleza.
“En nombre del Estado colombiano, le pido a las víctimas, perdón. El Estado colombiano reconoce que los muertos no eran enemigos de nadie. Era gente humilde y trabajadora que los mataron porque sí, por designio del poder y que, en sus muertes en La Granja y en El Aro estuvo el Estado presente” afirmó el mandatario.
Asimismo, aseguró que los lugares donde ocurrieron las masacres han sido abandonados sistemáticamente y tienen que cambiar. “Cómo así que hasta este momento no se puede llegar al Aro en un carro, y entonces para llevar materiales de construcción toca usar helicópteros? Entonces, ¿qué pasa con el territorio?”, reclamó.
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