
Este miércoles 14 de diciembre la Procuraduría General de la Nación decidió absolver, a través de un fallo disciplinario de primera instancia, al exdirector de la Policía general (r) Oscar Atehortúa por el proyecto de viviendas fiscales Cenop en el municipio San Luis, Tolima.
De acuerdo con el organismo de control, sobre el otrora mando policial no existieron irregularidades; al contrario, coincidió con la Fiscalía y la Contraloría al afirmar que este había verificado la calidad del proyecto, pese a que sí existieron anormalidades.
Sumado a eso, la Procuraduría halló que, tras una revisión de las pruebas documentales y testimoniales, Atehortúa no tuvo conocimiento de la indagación preliminar, pues no se había declarado impedido para conocer el expediente disciplinario sobre las irregularidades existentes en la construcción de ese proyecto.
Sin embargo, hizo la salvedad de que, al ser director de la Policía y en ese orden el responsable del personal que pertenezca a esta, el investigado debía tener presentes los términos legales de cualquier proyecto que tuviera relación con la institución. En ese sentido, no hubo una extralimitación de sus funciones a la hora de verificar el estado del proyecto.
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Cabe mencionar que la investigación disciplinaria de Atehortúa inició cuando William Salamanca estuvo a cargo de la Inspección General de la Institución.
De acuerdo con la pesquisa abierta, que Salamanca entregó a la Procuraduría mediante declaración, el general (r) estaría involucrado en una red de tráfico de influencias en la entidad y también se habría extralimitado de sus funciones mientras fue gerente del Fondo Rotatorio entre 2014 y 2015.
Por eso, el Ministerio Público le dio prioridad a este caso tomando como base su participación en el proyecto de las casas fiscales, pues existía la sospecha de irregularidades en contratos. La hipótesis de lo expuesto por Salamanca era que Atehortúa había participado en la ejecución del contrato 117-3-2011 con un aparente desconocimiento del principio de responsabilidad.
Además, detalló que “el cuarto cargo reprocha al director general de la Policía Nacional que aparentemente utilizara de manera indebida la influencia derivada del ejercicio de su cargo, para que el inspector general de esa institución, mayor general William René Salamanca Ramírez, no diera curso a una actuación disciplinaria que estaba adelantando por posibles irregularidades ocurridas en el proyecto CENOP”, por lo cual su responsabilidad podría ser entendida como una falta gravísima.
Incluso, el entonces inspector General de la Policía afirmó ante el órgano de control que Atehortúa había intentado sacar a dos investigadores del caso y que había sostenido, a finales de 2019, una supuesta reunión con el ahora exdirector de la institución en la cual habría acusado a este último de cerrar pesquisas “que no se debían cerrar” cuando estuvo al frente de la Inspección General en 2018. En respuesta, le dijo que se saliera de la oficina y hasta le habría hecho creer que lo había podido echar antes de la entidad.
Atehortúa en 2019 envió a Salamanca a unas vacaciones de 400 días. El hecho tuvo tal magnitud que el entonces presidente Iván Duque intercedió y ordenó el reintegro del exinspector. También se había pronunciado el entonces ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y dijo que debía volver a ejercer sus funciones y seguir adelantando las investigaciones que había en curso.
Ahora, de acuerdo con el pronunciamiento de la Procuraduría, Oscar Atehortúa no ejerció presiones ante Salamanca para ser beneficiado ante una posible sanción disciplinaria por la investigación de la que este miércoles fue eximido.
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