
Una nueva victoria judicial recibió, en la noche de este viernes 11 de noviembre, el exsenador Richard Aguilar, al que el Tribunal Superior de Bogotá ordenó dejar en libertad por vencimiento de términos. El también exgobernador santandereano fue capturado durante julio del 2021 por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Esos delitos se suman a los cargos de los que es sindicado por presunta corrupción cuando dirigió los destinos de Santander entre el 2012 y el 2015. A Aguilar lo acusan de haber sacado provecho de los contratos de la construcción del estadio de Bucaramanga y el Plan de Alimentación Escolar (PAE).
Inclusive, la Fiscalía General de la Nación aseguró, hace un tiempo, que uno de los miembros más conocidos del clan Aguilar, uno de los más poderosos en tierras santandereanas, habría creado una “empresa criminal” para malversar recursos y así beneficiar a aliados políticos suyos.

Sin embargo, pese a los múltiples cuestionamientos contra el excongresista de Cambio Radical, este viernes la magistrada de la Sala Penal, Alexandra Ossa, del alto tribunal, decidió darle un espaldarazo y permitirle salir de la cárcel mediante la sentencia No. T-12 -2066 DMHH.
Así lo informaron varios medios del país recientemente. Cabe recordar que en julio de este año el Tribunal Superior de Bogotá había negado la libertad de Aguilar pero eso fue revocado en las últimas horas. De hecho, la boleta de salida del exmandatario departamental ya se envió al Centro de Reclusión Militar EJEPO, Batallón de Policía Militar N°. 13 General Tomás Cipriano Mosquera, donde estaba recluido el sujeto, según informó la emisora BluRadio.
Cuando se le fue negada la libertad en julio de 2022, Aguilar no aceptó los cargos que se le imputan por presunta corrupción en medio de una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia. El acusado negó tener nexos con las irregularidades que se cometieron durante su mandato en Santander.

Sin embargo, la Fiscalía destacó que tiene las pruebas para comprobar los comportamientos ilícitos del detenido, entre esos, la suscripción de por lo menos seis contratos que no completaban los requisitos suficientes para su continuación. De acuerdo con el ente acusador, el contratista elegido no cumplía con la experiencia para cumplir los objetivos asignados.
En estos delitos se vieron involucrados también la exsecretaria de Infraestructura de Santander, Claudia Toledo, y su esposo Lenin Pardo, quien ahora sirven como testigos en la investigación. Edgar Báez, Ana Wandurraga y Sergio Pitta, otros exfuncionarios de la Gobernación de Santander, fueron imputados por peculado por apropiación y prevaricato el 18 de mayo, sin embargo, no aceptaron los cargos.
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