Comisión Global sobre Política de Drogas recomienda regulación y despenalización de todas las drogas en Colombia

En las últimas horas la Comisión Global sobre Política de Drogas presentó, en Bogotá, el informe La política de drogas en Colombia: el camino a una regulación justa en el que exhortan a que el Estado colombiano se encamine en la regulación y despenalización de las drogas, para lo que hace una serie de recomendaciones.

El informe, que se presentó en la capital colombiana, estuvo acompañado de un foro en el que hicieron presencia los expresidentes de Colombia Juan Manuel Santos y Césa Gaviria, miembros de la comisión, la expresidenta de Suiza, Ruth Dreifuss, y el expresidente de México, Ernesto Zedillo, los miembros de la comisión coinciden en que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso, no solo por el alto costo económico y en vidas, sino por las afectaciones que el narcotráfico provoca en la democracia.

En el informe la Comisión Global sobre Política de Drogas hizo referencia a la entrega anual de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que también se presentó en Bogotá el pasado 20 de octubre, en el que se registra que los cultivos de coca crecieron en un 43 % en 2021, cuando se contabilizaron unas 204.000 hectáreas sembradas en todo el territorio colombiano, para recomendar que el mejor camino es regular las todas las drogas, siendo esta la primera recomendación de la comisión, para la que es crucial incluir a las comunidades sistemáticamente marginadas.

La segunda recomendación de la comisión va en caminada a que el diseño de la nueva política de drogas debe hacerse con un enfoque diferencial que priorice los derechos humanos, por lo que exhortan a tener en cuenta “especialmente a las personas que consumen drogas, las comunidades indígenas y afrocolombianas, la sociedad civil y las comunidades que cultivan plantas que hoy son ilegales”.

El tercer punto tiene propone despenalizar el consumo, la producción y el cultivo de drogas, así como otras actividades no violentas relacionadas con las drogas, por lo que recomiendan que las autoridades “deben poner fin a todas las sanciones penales, administrativas y civiles por el consumo”.

La cuarta recomendación va encaminada a reparar los daños que ha causado la política prohibicionista, por lo que se recomienda al Estado colombiano “la elaboración, diseño e implementación de las políticas de drogas debería ser independiente de la agenda de seguridad, de modo que se centre la atención en una estrategia orientada a la salud, los derechos humanos, el desarrollo y la reducción de daños. Se debería hacer énfasis en reducir los presupuestos militares y aumentar la financiación de las autoridades civiles”

La última recomendación del informe tiene que ver con el fortalecimiento institucional para así aumentar la eficacia y crear un sólido enfoque en derechos humanos en la lucha antidrogas.

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