
El periodista Rafael Emiro Moreno Garavito fue asesinado por sicarios, el pasado domingo 16 de octubre, este lamentable hecho ha sido rechazado desde diferentes sectores en donde se resalta la importancia del comunicador. Frente al caso, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo demostró preocupación por la falencia del esquema de seguridad de Moreno, quien ya había recibido reiteradas amenazas.
Camargo aseguró que la Defensoría del Pueblo rechazaba este crimen, asegurando que Rafael Moreno había sido abordado por sujetos armados, quienes arribaron al negocio del periodista y dispararon en contra de su humanidad, hasta acabar con su vida.
El defensor del Pueblo, aseguró que Moreno era conocido en la región por sus importantes denuncias en contra de la corrupción que se registraba en la zona, puntualizando:
Sobre le hecho, el funcionario destacó que previamente se le habían realizado diferentes recordatorios a la Unidad Nacional de Protección, pues el nivel de riesgo del periodista era evidente ante las reiteradas amenazas que recibía, situación que exponía como una eventual víctima.
“Nuestra seccional sur de Córdoba, hace seguimiento a este caso para brindar el acompañamiento necesario los familiares de la víctima. Desde esta regional habíamos hecho requerimientos a la Unidad Nacional de Protección, para la evaluación del riesgo, pues Rafael Moreno había recibido múltiples amenazas, situación que también expusimos en varios Consejos de Seguridad realizados en la zona”, aseguró.
De manera enfática, Carlos Camargo le pidió a la UNP avanzar en la investigación y esclarecer lo sucedido, pues surgen dudas sobre las medidas que se habían tomado respecto al esquema de seguridad de la víctima. De igual forma, recordó que en la región aún prevalece el riesgo anunciado mediante una alerta temprana en 2019, cuyos casos ya se han consumado y otros podrían concretarse eventualmente.
De igual forma, desde la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), se le pidió a la UNP explicar a detalle la falta de refuerzo en el esquema de seguridad del periodista, o eventualmente, indagar sobre presuntas irregularidades en su custodia, en el momento exacto en que fue ultimado por los delincuentes.
“Es preciso y urgente que la UNP realice una investigación que permita conocer por qué no se reforzó su esquema de seguridad y si existieron irregularidades por parte del esquema de protección al momento del asesinato”, señaló la FLIP.
Asimismo, desde la Fundación se dio a conocer una preocupante cifra, pues pasados casi 10 meses del 2022, son seis los periodistas que han sido amenazados u hostigados en la jurisdicción de Montelibano, sobre este contexto, la FLIP sostuvo:
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