JEP ordena al alto comisionado para la Paz tomar medidas para proteger la vida de los firmantes del acuerdo

En Colombia no para el asesinato de excombatientes de las extintas Farc, por lo que desde la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hicieron un llamado al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, para que desde el Gobierno de Gustavo Petro se adelanten las medidas necesarias para proteger la vida de los firmantes del Acuerdo Final de Paz.

Y es que, según cifras de la ONG Indepaz, a 6 de octubre de 2022, 34 firmantes del Acuerdo Final de Paz han sido víctimas de homicidio, “y han ocurrido 82 masacres con 261 víctimas; y en lo corrido del nuevo gobierno (7 de agosto - 6 de octubre) han ocurrido 21 mascares con 78 asesinatos, a pesar de la voluntad de más de 22 grupos armados de sumarse a la paz total”, estas cifras las citó la Sección de Ausencia de Reconocimiento en un auto de seguimiento de las medidas cautelares que el tribunal de paz ordenó para proteger a los excombatientes.

Desde la JEP también señalaron que la violencia en el país no ha parado a pesar del cambio de política social y de seguridad del nuevo gobierno, sin embargo, anunció que se decidió prorrogar por 60 días hábiles el plazo que le había dado a Rueda “para entregar un plan de acción claro y una política de desmantelamiento de los grupos armados criminales que hacen presencia en el país”, según señalan en El Espectador.

La JEP también exhortó a Rueda a realizar reuniones mensuales para “delimitar las medidas que se deben tomar para la protección de la vida de los exFarc”, y convocar a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que creó también el acuerdo, para la formulación de un plan de acción que permita combatir y desmantelar las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo.

Para esto, el tribunal de paz detalló que este plan deberá incluir: “estrategias investigativas a implementar a corto, mediano y largo plazo, metodología, recursos financieros asignados”. También deberá incorporar “los Lineamientos de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento sectorial aprobados por la CNGS, con inclusión de los diagnósticos, observaciones y recomendaciones sustanciales presentados y discutidos”.

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