
Este miércoles 28 de septiembre, en medio de la posesión de Pablo Francisco Pardo como director del Fondo de Programas Especiales para la Paz del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el presidente de Colombia, Gustavo Petro, extendió una crítica a las entidades dedicadas a la implementación de los acuerdos de paz heredadas de administraciones anteriores. Asimismo, advirtió que está interesado en una reingeniería de los mecanismos actuales.
El mandatario aseguró que se encontró un laberinto de instituciones alrededor de esta implementación y considera “que es un mecanismo para no hacerla: que estabilización aquí, que no sé qué allá, que la agencia regional territorial acullá, que el fondo de paz aquí, que otro fondo de paz por allá. Ninguna tiene la capacidad de volver realidad los acuerdos de paz con las FARC”.
A manera de ejemplo, el mandatario explicó que se requiere entregar al campesinado tres millones de hectáreas fértiles para dar cumplimiento al primer acuerdo del Acuerdo Final, titulado “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”. No obstante, cuando él preguntó a los funcionarios antiguos y actuales sobre la inversión económica necesaria para cumplir ese punto, nadie supo darle razón.
También subrayó que obtener esas respuestas no debería ser difícil, porque la gente que vive en regiones de tierras fértiles podrían responder con facilidad cuánto vale una hectárea en zonas como Córdoba y el Magdalena medio. Acto seguido, el Estado asumiría la responsabilidad de conseguir los recursos. Petro dice que nada de eso se ha hecho y a la prensa tampoco le ha importado indagar.
Después, el mandatario reprochó que la Asociación Nacional de Industriales (Andi) se queje por pagar impuestos de 21 billones de pesos, “quitándole privilegios tributarios que se han configurado a lo largo de las décadas. Pero el primer punto del acuerdo de paz con las FARC vale 60, no 21. Entonces, lo que nos están diciendo es que no se puede cumplir el acuerdo de paz que nosotros no hicimos, pero el mandato popular que nos confirió estar en este Palacio sí nos lo demanda”.
Petro preguntó a la sociedad colombiana sobre las opciones para recaudar el dinero que requiere implementar los acuerdos y alcanzar la paz. “Si el primer punto del primer requisito vale de 30 a 60 billones, entonces ¿qué hacemos? Los más ricos de los ricos no quieren pagar impuestos, quieren que lo pague la gente trabajadora, como si eso fuese justicia social, como si eso fuese un pacto social y un pacto social, es un pacto por la paz”, cuestionó.
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