La senadora animalista Andrea Padilla revivió el debate que suscitó un caso de presunto maltrato animal ocurrido en agosto, cuando un miembro del Concejo de Villa de Leyva forzó a un pavo a consumir alcohol y publicó el video en las redes sociales. Este miércoles 14 de septiembre, Padilla solicitó formalmente una investigación penal y disciplinaria contra el funcionario ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.
La grabación se viralizó el pasado 25 de agosto. En ella se ve cómo Gerardo Beltrán, afiliado al partido de izquierda Asociación Social Independiente (ASI), fuerza a un bimbo a engullir copas de alcohol y se divierte en el proceso. Después, el ave aparece en el suelo, inconsciente y visiblemente afectado por la sustancia. Para colmo, entre risas, él y sus acompañantes juguetean con el cuerpo y las alas del pavo inconsciente, mientras lo fuerzan a correr.
Algunas personas defendieron el comportamiento de Beltrán y lo calificaron como una preparación tradicional para cocinar este tipo de aves, ya que ofrecer alcohol a los pavos antes de sacrificarlos supuestamente ablanda sus carnes. No obstante, la senadora Padilla mostró su rechazo de inmediato y advirtió que buscaría sanciones contra él a través de la Procuraduría.
En efecto, tres semanas después del escándalo, la senadora Padilla publicó en su cuenta de Twitter un concepto ofrecido por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). En el documento, la entidad explica las consecuencias de ofrecer bebidas alcohólicas a este tipo de aves.
El ICA escribió el concepto tras una asesoría con médicos veterinarios y zootecnistas. Explicaron que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central y afecta la movilidad de las aves, además de causar fallo renal, daños en el hígado y alteraciones neurológicas.
Con este concepto en mano, la senadora se refirió al artículo 6 de la Ley 84 de 1989, conocida también como el Estatuto Nacional de Protección de los Animales. Dicho artículo establece sanciones para quienes ejerzan crueldad contra un animal y, entre otras cosas, penaliza el envenenamiento o intoxicación de animales con cualquier sustancia, así como cualquier actividad de maltrato “obrando por motivo abyecto o fútil”.
Según Padilla, los servidores públicos elegidos por voto popular están en la obligación de mostrar un comportamiento ético y deben “ceñirse a los deberes y prohibiciones que le impone la ley”. Por ello, envió el concepto de la ICA a la Fiscalía General de la Nación para adelantar un proceso penal y pidió a la procuradora general, Margarita Cabello, que abra una investigación en contra de Gerardo Beltrán por los hechos mostrados en el video.
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