
Durante la tarde del miércoles, el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, señaló que la cooperación judicial entre los dos países ya está activa. El anuncio se da en el marco del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países, una apuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro que ha sido el centro de sus relaciones internacionales.
Con la entrada en vigencia de este acuerdo entre naciones, se permitiría, esencialmente, que se puedan realizar solicitudes de extradición de ciudadanos que estén en suelos del vecino país, gestión que Venezuela también podría solicitar. El embajador, Armando Benedetti dio a conocer esta noticia a través de su cuenta de Twitter.

Desde 2019, luego de pasar casi tres años y medio de que se rompieran las relaciones diplomáticas entre ambos países, y a pesar de que las bandas delincuenciales operan en zonas fronterizas o incluso en los adentros del país, no se han realizado trabajos conjuntos para atacar estos frentes de delincuencia. Tal como lo han señalado autoridades de gobierno tanto colombianas como venezolanas.
Si bien este es un asunto que podría interesarle a las autoridades de ambos países, la atención de esta reanudación de la cooperación judicial se centra en los prófugos de la justicia que están territorio del vecino país.
Uno de los casos que centra la observación de Colombia, es la eventual solicitud de extradición de la exsenadora del Partido Conservador, Aída Merlano, quien se encuentra prófuga de la justicia colombiana y quien ha sostenido que está en calidad de asilada política en Venezuela. Merlano, es pieza clave para desarrollar el entramado de corrupción electoral que, presuntamente, existiría en el departamento del Atlántico.
Conforme lo ha expresado la justicia, la versión de la excongresista es fundamental tanto para la Corte Suprema de Justicia como para la Fiscalía General de la Nación. De hecho, hace una mes, la Procuraduría General de la Nación elevó un llamado en el mes pasado ante la Corte Suprema de Justicia para que adelante las gestiones necesarias para que Aída Merlano esté en custodia de la justicia colombiana.
Sin embargo, cabe anotar que esta gestión ya no sería necesaria, toda vez que la cooperación judicial entre en vigencia.
Por otro lado, esta reactivación judicial anunciada por el diplomático, también abre la posibilidad de que Venezuela pida la extradición de varias personas que se declaran abiertamente antichavistas y que son, de hecho, los antiguos funcionarios de la empresa venezolana Monómeros.
Con el reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela por parte del presidente Gustavo Petro, el líder venezolano tuvo la potestad de designar sus funcionarios al frente de Monómeros. Además, el fiscal general de Venezuela ratificó en el mes pasado, las 23 órdenes de captura contra los exmiembros de la junta directiva de la compañía.
“Por los delitos de Usurpación de Funciones, Legitimación de Capitales y Asociación para Delinquir”, sostuvo William Saab, fiscal venezolano.
Pese a que Venezuela no ha dado nombres, el diputado venezolano, Diosdado Cabello, dijo hace algunas semanas que varios venezolanos debían regresar a pagar sus cuentas pendientes con la justicia de ese país, por lo que los exdirigentes de la compañía petroquímica podrían ser objeto de solicitud de extradición.
Sin embargo, es válido resaltar que, ante estas palabras del líder venezolano, el presidente Gustavo Petro respondió que “Colombia garantiza el derecho de asilo y el refugio”.
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