Escaf criticó la comisión del canal del Dique: “la idea de sacar al Congreso no era encerrarse en cuatro paredes, los mismos con las mismas”

En el municipio de Santa Lucía, Atlántico, se instaló una comisión accidental del Congreso de la República, conformada por nueve integrantes del Senado y la Cámara de Representantes, para evaluar el proyecto de la APP (modalidad de asociación público-privada) del canal del Dique y su impacto social, ambiental y económico en la zona de influencia. Sin embargo, el representante Agmeth Escaf mostró su indignación en redes al no estar de acuerdo la forma como se planteó el diálogo sobre este tema.

Pero su indignación no quedó ahí, pues agregó que no se puede excluir a las personas directamente afectadas con el tema: “El Canal del Dique no solo es una obra millonaria (con muchos detrás); es, sobre todo, un tema de vida digna. A los jodidos por las inundaciones es a quienes primero debemos atender. ¡No cerrarles las puertas! Un gran error, la manera como se instaló esta comisión accidental”.

Finalmente, Escaf contó que hasta rechazó el almuerzo que le ofrecieron en la reunión: “En la Comisión Accidental en Santa Lucía (de la que me salí por ausencia de la comunidad) me dieron tres opciones de almuerzo a la carta. Me rehusé a comer allí. Y no por populismo, por coherencia. El Congreso debe entender que salimos del Capitolio es para estar con la gente”.

Recordemos que las comunidades residentes de los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre han estado manifestando su inconformidad con la implementación de este acuerdo, por lo que han ejecutado plantones para alzar sus voces contra ello.

“Estamos ejerciendo este derecho, el de la movilización social, a raíz de que Martha Lucía Ramírez, vicepresidenta de la República, única dueña y propietaria de este proyecto; tuvo tiempo para presentarlo en foros, para pasear por todo el canal, presentárselo a la comunidad internacional, pero no garantizó el derecho a la participación ambiental de más de 50 comunidades, fueron excluidas de esa participación, ninguna entidad territorial, ni corporación autónoma, ni ministerio público conoce este proyecto”, comentó Adil Meléndez, abogado y vocero de la comunidad en testimonios recogidos por RCN Radio.

“En mesas socioambientales que realizamos logramos empoderar a todas las comunidades en octubre del año pasado, en esta se determinó que este proyecto no lo conocía nadie, excluyeron los derechos de consulta previa, compraron a algunas comunidades y líderes en los procesos de consulta y evitaron el licenciamiento ambiental”, añadió en su diálogo con esa emisora.

Los manifestantes exigen garantías y respuestas acerca de este proyecto que, según ellos, los afectaría directamente. La financiación de esta obra, según las autoridades encargadas, supera los $3.5 billones. “No podemos aceptar el capricho del gobierno que lidera el presidente Duque, por dejar un contrato que aún genera muchas dudas para las comunidades ubicadas en el área de influencia. Tenemos que seguir concertando temas, aquí no hay prisa porque se trata de una iniciativa que representa para nosotros un cambio; pero necesitamos que sea para bien”, expresó Luis Berdugo, manifestante de Calamar, en testimonios expuestos por Caracol Radio.

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