
La actual ministra TIC, Mery Janeth Gutiérrez Cabezas, aparecía como representante legal de la empresa Programar Televisión, compañía que tiene interpuesta una millonaria demanda contra la antigua Autoridad Nacional de Televisión.
Sin embargo, la compañía citó a una junta extraordinaria poco antes de la posesión del presidente Gustavo Petro, que a su vez, tenía que ver directamente con uno de los puestos en el ministerio.
Según un documento que se registró en la Cámara de Comercio, hubo un cambio de última hora en el nombre de su representante legal. En su reemplazo, la junta directiva de la empresa, de la que hace parte la ministra, nombró a Denisse Valencia Nova.
El periódico nacional con mayor tiraje, comprobó que la ministra es la principal accionista de esa programadora, quien además, aparecía como su representante legal.
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Sin embargo, la ahora ministra renunció al cargo poco antes de que Petro la nombrara en su gabinete.
El interés de la empresa Programar busca una indemnización cercana a los 45.000 millones de pesos.
Se confirmó que la renuncia como representante legal de Programar quedó radicada oficialmente ante Cámara de Comercio, el 1 de agosto de 2022, bajo el número 800030887.
La demanda está interpuesta desde 2013. Como parte de la Unión Temporal Radio Televisión Interamericana S.A. presentó una demanda de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Autoridad Nacional de Televisión ANTV.
En la intervención de la defensa nacional, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado afirmó que las pretensiones de Programar no tienen fundamento porque RTI Televisión se declaró no interesado en los contratos y se trata de un tema solidario.
Expertos dicen que la actual ministra tuvo que renunciar y además, debe frenar la contratación de su empresa con empresas del sector.
Los contratos que tiene la empresa Programar desde 2010, cuando la ahora ministra entró a la empresa, figura uno por 722 millones de pesos con el ICBF para la “producción de televisión del programa” del instituto.
Además, figura un convenio con la CAR Cundinamarca para producir 20 capítulos de un programa institucional, que costó 283 millones de pesos en 2014. Finalmente, aparecen tres contratos con Telemedellín (2021), Canal Capital (2016) y Teveandina (2014).
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