Militar implicado en la muerte de presidente de Haití pide volver a ser incluído en la JEP

En abril de este año, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) expulsó a Francisco Eladio Uribe Ochoa, exmilitar del Ejército Nacional capturado en Haití por el magnicidio del presidente de ese país, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021.

Ahora, la defensa del exmilitar solicitó formalmente al mismo tribunal tumbar dicha decisión alegando que se le vulneró el derecho al debido proceso.

La defensa de Uribe Ochoa sostiene que la jurisdicción no le permitió defenderse durante el proceso en el que evaluó la decisión de expulsarlo y solamente se limitó a revisar informes de prensa relacionados con su responsabilidad, junto a otros militares, en el magnicidio. Esto habría incurrido, para los apoderados, en una vulneración al debido proceso.

“...la jurisdicción no escapa a los fundamentos legales que rigen esa materia, no es una rueda suelta diferente a toda la estructura judicial colombiana, la prueba como elemento de convicción debe derivarse de un proceso de aducción y recaudo que permita establecer con certeza el contenido, la prensa y las ruedas de prensa no pueden sustituir elementos de juicio directos, ni suplantar testimonios, no deriva responsabilidades o permitir conclusiones de índole jurídica”, señalaron los apoderados.

Por otra parte, también criticaron que el alto tribunal haya comparado a la situación de Uribe Ochoa con la de los excombatientes de las FARC que se han rearmado y reincidido en el conflicto, dado que estos últimos lo anunciaron abiertamente, mientras que el exmilitar mantiene su presunción de inocencia y no ha tenido acceso a un proceso con garantías.

“...ni el compareciente ha manifestado su interés de rearmarse, ni los hechos que deberían investigarse en Haití corresponden a un acto de repetición, ni afectan la seguridad del Estado colombiano, ni siquiera se han investigado, no se ha derrotado la presunción de inocencia, en suma, ni punto de comparación con los que pretende aplicar la providencia atacada”, afirmaron.

Además, indicaron que si bien el exmilitar incumplió la orden de la JEP que le impedía salir del país sin permiso de la jurisdicción, el acta formal de dicha prohibición llegó al correo el 14 de julio de 2021, cuando Uribe Ochoa ya estaba detenido en Haití.

El tribunal tomó su decisión en abril pasado tras concluir que el exmilitar incumplió las obligaciones propias como compareciente, en especial las garantías de no repetición. “Pues no solo incumplió un deber objetivo de solicitar autorización para salir del país, sino que, además, y en forma más preocupante como lo señalan los hechos, lo hizo presuntamente con fines de índole delictual”, se lee en el documento de la entidad.

Para tomar esta decisión, la JEP solicitó información a la Policía Nacional, al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Haití, así como a la Fiscalía y dirección de Policía del país centroamericano. Todas estas instituciones informaron que contra Uribe Ochoa y los otros 17 nacionales detenidos corre un proceso judicial en firme.

Los magistrados de la JEP sentenciaron que la decisión “deja sin prerrogativas y beneficios transicionales al compareciente Francisco Eladio Uribe Ochoa, quien a partir de este momento pierde dicha calidad por haber incumplido las obligaciones y deberes que su sometimiento a la JEP y al régimen de condicionalidad al que se encontraba sometido demandaban”.

Cabe recordar que este exmilitar era investigado en la justicia transicional por su supuesta participación en casos de ‘falsos positivos’.

Uno de los hechos investigados, según la resolución de la JEP, ocurrió el 8 de marzo de 2008 en la vereda Chorros Blancos del municipio de Yarumal, Antioquia. El primero de noviembre de 2000, Uribe Ochoa fue incorporado como soldado profesional del Ejército Nacional, actividad que realizó hasta 2018.

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