
A través de un comunicado la cartera de Defensa encabezada por el Ministro Diego Molano, se indicó que la información publicada por la emisora radial La W sobre el presunto contrato que involucraría a Éticos Serrano Gómez Ltda, una empresa perteneciente de la sociedad de la familia Char, en la adquisición de medicamentos para la compra por parte de la Policía y Ejército Nacional es incorrecta.
Según la información señalada por la emisora a través de la agencia Colombia Compra Eficiente(CCE), se estaba gestionando el supuesto contrato billonario que tendría una duración de tres años, al respecto respondió el ministerio de Defensa: “Colombia Compra Eficiente(CCE) es una agencia pública de contratación del Estado que ofrece a los partícipes del sistema de compra pública, herramientas para facilitar los procesos y fortalecer sus capacidades para obtener mayor valor por el dinero público en el Sistema de Compra Pública colombiana”.
En ese sentido indicaron que la función de la agencia fue “Diseñar, organizar y celebrar los Acuerdos Marco de Precios y demás mecanismos de agregación de demanda”, resaltando que no han suscrito ningún contrato ni orden de compra como lo estaba afirmando el medio de comunicación.
Este hecho lo había resaltado el pasado lunes el director del Departamento Administrativo de la Presidencia Víctor Muñoz, en una intervención pública que realizó:
En el comunicado la cartera de Defensa señaló que no se pueden efectuar transacciones de futuras inversiones sin la autorización del electo gobierno que se posesiona el próximo 7 de agosto. “La situación actual de cobertura de medicamentos de Sanidad Militar se encuentra asegurada a través de una contrato de medicamentos vigente hasta el septiembre 30 de 2022, para el caso de la Sanidad de la Policía Nacional se encuentra previsto dicha contratación hasta el próximo 31 de octubre del presente año”.
Cuando fue publicada la supuesta polémica uno de los primeros en referirse a la situación fue el presidente electo Petro, quien definió el hecho como un ‘contrato amañado’. “Este contrato de medicamentos amarrado por tres años en la Policía Nacional debe ser investigado a fondo. Si es un contrato leonino, o sea, que favorecería a una de las partes, sus autores deberán ser procesados”, trinó Petro.
Ante todo lo mencionado la cartera dirigida por Diego Molano concluyó “hasta el momento, las Direcciones de Sanidad de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional no han suscrito orden de compra ni contrato alguno derivado del Acuerdo Marco de Precios en mención”.
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