
El lunes 18 de julio, un grupo de congresistas de diferentes colectividades cuestinó a la Procuraduría General de la Nación por convocar una audiencia para el próximo 29 de julio con la comunidad y autoridades del municipio de California, Santander, con el propósito de avanzar en la delimitación del páramo de Santurbán, argumentando que el Ministerio Público no era el órgano competente para llevar a cabo esta labor.
Así lo manifestaron 63 parlamentarios a través de una carta en la que manifestaron que el Gobierno de Iván Duque, que termina su mandato el próximo 7 de agosto, pretendía avanzar en la delimitación de este páramo que provee de agua a más de tres millones de personas en los departamentos de Santander y Norte de Santander, llamando la atención que fuera el órgano de control que estuviera presionando en este proceso.
“La delimitación del páramo de Santurbán lleva más de ocho años y hasta el día de hoy no tiene claridad sobre lo que va a ocurrir con las comunidades, actores sociales, económicos y dueños de predios. Es mucho lo que está en juego, de manera que solicitamos se detenga cualquier pretensión de delimitar el páramo sin rigor suficiente, sin escuchar en audiencias a las comunidades y sin tener en cuenta los estudios de impacto social, ambiental y cultural de tal explotación”, indicaron los congresistas.
A su vez, manifestaron su preocupación frente a la denuncia que realiza el reconocido periodista Daniel Coronel a través de una columna en la Revista Cambio en la que advierte sobre la suscripción de Tratamiento de Libre Comercio con los Emiratos Árabes Unidos, “cuyos intereses estarían dirigidos a la explotación mega minera del oro del páramo”, que generaría importantes impactos ambientales sobre este ecosistema estratégico.
En ese sentido, los congresistas cuestionaron la razón por la cual la Procuraduría estaría presionando para que se llevara a cabo una reunión perentoria a menos de diez días que se presente el cambio de gobierno, y solicitaron que respetara y privilegiara la salud de los colombianos
“Solicitamos suspender inmediatamente esta presión, pues como dice el Programa de Gobierno del presidente electo, Gustavo Petro: “No se hará extractivismo”, menos en una zona tan frágil e importante como los páramos. Esperando se detenga por parte de la Procuraduría la audiencia del 29 de julio en California, Santander, por no ser de su competencia y, que escuchen las demandas de los ciudadanos respaldadas por nosotros”, concluyeron en la misiva los congresistas.
Ante esta misiva, la Procuraduría respondió que es competente para el cumplimiento de la Sentencia T-361 de la Corte Constitucional, indicando que su labor se centraba en la protección de Santurbán, manifestando la importancia de “concertar soluciones frente a los problemas generados por la falta de delimitación y otras situaciones que provocan afectaciones de salud entre la población”.
“La Entidad sostuvo que ha sido ese acompañamiento riguroso de la Sentencia T-361 de la Corte Constitucional el que permitió establecer la existencia de daños ocasionados a las fuentes hídricas, recibir quejas y denuncias de una ciudadanía que ve cómo la administración local no permite que fluya un diálogo con el Gobierno Nacional y convertirse en un referente en la defensa de los derechos de los habitantes de este ecosistema estratégico”, señaló el Ministerio Público.
Por último, expresó que de ser pertinente, articularía a las instituciones y a la sociedad civil con relación a las propuestas que busquen la protección del páramo, más allá de su delimitación, así como los procesos de reconversión productiva de los campesinos que habitan en este ecosistema, los cuales se verían afectados por la ausencia de delimitación, según la Procuraduría.
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