Las asambleas pueden ejercer control político sobre las contralorías departamentales, según concepto de la Procuraduría

El jueves 7 de julio la Procuraduría General de la Nación aclaró que las asambleas departamentales podían ejercer control político sobre las contralorías locales a través de citaciones, con lo que se ampliaba el debate democrático y la vigilancia a las autoridades locales en el país.

Así lo confirmó la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, a través de un concepto enviado a la Corte Constitucional en el que señalaba que mediante esta acción se “perseguía una finalidad legítima desde una perspectiva constitucional”, estimulando la discusión y vigilancia de estas autoridades mediante las corporaciones de representación plural, como lo son las asambleas.

De igual manera, la jefa del Ministerio Público explicó que no existe otro método similar o más efectivo para realizar un control político bidireccional que afecte en menor medida la autonomía de las contralorías departamentales, razón por la cual ese control político determinado por el Congreso constituye un “ejercicio razonable de la potestad normativa del legislador”, con el propósito de llevar a cabo funciones de las asambleas departamentales.

El pasado junio la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a los municipios y departamentos que aún se encontraban sin terminar el proceso de elección de contralores territoriales 2022-2025, para que agilizaran los trámites en su jurisdicción y así cumplir con esta obligación.

Pasados seis meses de la fecha en que las 65 corporaciones debían elegir contralor, solo 58 municipios habían seleccionado al funcionario y siete entidades territoriales –correspondientes a los departamentos de Caldas, Tolima, Amazonas, San Andrés y Vichada y los municipios de Cartagena, Barrancabermeja– aún están adelantando ese proceso, situación que preocupa a este ente de control dadas las implicaciones para los municipios al no contar con el órgano de vigilancia en sus territorios.

La preocupación radicaba en que estas entidades son las encargadas de realizar el control y vigilancia a los recursos en los territorios del país, bajo la dirección del contralor general. Adicionalmente, el Ministerio Público advirtió sobre las consecuencias que este hecho representa en el periodo de los actuales contralores, el cual –como menciona la norma– es de cuatro años.

En desarrollo de esta vigilancia preventiva adelantada desde octubre de 2021, el ente de control requirió información de las siete universidades en las que se concentraron la mayoría de los procesos de selección.

Como resultado de esta actuación se dio apertura a 57 actuaciones preventivas y 18 procesos disciplinarios por hechos relacionados con conflicto de interés, incumplimiento de los requisitos normativos del concurso, irregularidades en el proceso de aplicación de las pruebas, incumplimiento de los requisitos habilitantes por parte de los aspirantes y presuntas inhabilidades.

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