Paulino Coronado reconoció que la narrativa de “guerra jurídica contra el Ejército” contribuyó con el silencio alrededor de los ‘falsos positivos’

En una audiencia pública de ampliación programada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para este viernes primero de julio, el general (r) del Ejército Nacional de Colombia, Paulino Coronado, dio más detalles sobre la información que manejaba dentro de la institución con respecto al escándalo de ejecuciones extrajudiciales —conocido en el país como falsos positivos—.

Esta audiencia se programó tras una solicitud de los familiares de las víctimas, quienes pidieron al órgano de justicia transicional convocar una nueva audiencia en la que Coronado Gámez pudiera contar todo lo que mencionó en el documento, que no dijo en su intervención pasada. Esa solicitud fue aceptada el pasado 18 de mayo.

En esta oportunidad, el general en retiro admitió, nuevamente, que “si en el Estado hubiéramos asumido con responsabilidad esas denuncias presentadas el 6 de diciembre de 2007 y adoptadas las medidas de control adecuadas, no siendo omisivos, se habría evitado la comisión de otros crímenes como los ocurridos en los meses subsiguientes”. En esa fecha, un grupo de campesinos de Ocaña denunció casos de ejecuciones que fueron subestimados por la autoridad.

El general también recordó que a ese evento fue llevado un grupo de militares heridos en combate, algunos con mutilaciones, que causaban gran impacto entre los asistentes y despertaban la simpatía hacia la causa del Ejército. “Hoy entiendo que estos soldados afectados principalmente por minas fueron conducidos por oficiales del batallón Santander y en la brigada 15 con el fin de constreñir el sentir de las víctimas y generar solidaridad hacia el Ejército Nacional”, afirmó.

Coronado Gámez reconoció que las denuncias recibidas ese 6 de diciembre fueron descalificadas, “dándole vida a la narrativa de la guerra jurídica emprendida contra las fuerzas militares por los enemigos de las instituciones, calificativo con el que de acuerdo a la cultura que prevalecía en el Ejercito, descalificamos las denuncias de violaciones contra los derechos humanos”.

Cabe recordar que el general aceptó en mayo pasado la responsabilidad imputada por la JEP “como máximo responsable de la Brigada 30 de ser autor a título de comisión por omisión por crímenes de guerra y de lesa humanidad”.

Durante ese evento, Coronado Gámez aseguró que nunca ordenó, planeó o instigó a muerte a ninguna de las víctimas causas por los miembros del Ejército; sin embargo, “acepto la responsabilidad por no advertir la política de inflexión física definida por el general Mario Montoya Uribe”. Este último, según el general (r), consideraba que “solo el exterminio físico podía llevar a las Farc a negociar y por esa razón, había que causar el mayor número de bajas posible”, agregó.

Si bien esas fueron sus palabras, días después entregó un documento de 10 páginas ampliando su testimonio. De acuerdo con Blu Radio, en el escrito el militar anotó que, tuvo conocimiento sobre denuncias de ‘falsos positivos’ en tres oportunidades mientras se desempeñó como comandante de la Brigada 30; pero no le dio credibilidad y pasó por alto las alertas.

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