
A la sede de Medicina Legal de Cali siguen llegando los familiares de los 51 reclusos que fallecieron en el incendio que se presentó en la noche del pasado 27 de junio en la cárcel de Tuluá, Valle, para reclamar los cuerpos; sin embargo, todavía faltan algunos cadáveres que no han sido reclamados. Según el más reciente informe de la Secretaría de Salud de Cali, hasta ahora se han entregado los restos de 21 reclusos.
Informaron además que todavía hay 13 cuerpos por los que ninguna persona ha preguntado, pero esto podría ser porque muchas familias de los reclusos están en otras ciudades, mientras que quienes viven en Tuluá han sido los primeros en ir por los restos de sus familiares.
Entre los días miércoles y jueves, las familias desconsoladas han llegado hasta las instalaciones de Medicina Legal, ubicadas en en el barrio San Fernando, de Cali, para reconocer los cuerpos de los reclusos. Antes de que los cuerpos fueran trasladados a la capital del Valle, el delegado para los Derechos Humanos, José Martín Hincapié, resaltó que “en la medida que lleguen los cuerpos y van a hacer un apoyo psicosocial para evitar congestión y que la situación sea menos traumática”.
Por su parte, el director regional de Medicina Legal, Jairo Silva, detalló que el proceso de entrega de los cuerpos se lleva de la manera en la que tradicionalmente lo hace el instituto, pero que en este caso particular hay más dificultades. “La entrega depende de la familia. En Tuluá ha sido fácil porque las familias están ubicadas, pero hay familias que están en otros lugares”, explicó.
Para esos casos, según recomendó el funcionario, los familiares pueden acercarse a cualquier sede de Medicina Legal que tengan cerca o dirigirse directamente al Instituto en Cali, en esos lugares recibirán toda la asesoría para lograr recuperar el cuerpo de sus seres queridos.
De otro lado, en las últimas horas también se anunció un apoyo económico para que las familias lleven a cabo las honras fúnebres de sus familiares. La información la dio Carlos Camargo, defensor del Pueblo, quien anunció que desde la entidad están adelantando la gestión de recursos para apoyar a las personas en estos gastos.
El funcionario señaló que la Defensoría sigue haciendo presencia en la penitenciaría en la que se presentó la emergencia que, además, dejó 24 heridos. “Dentro de esa labor que venimos adelantando realizamos la verificación de los heridos que se encontraban en sanidad y cuyas lesiones no requerían traslado a centro hospitalario” y añadió que en el lugar se realizó la instalación de un Puesto de Mando Unificado en el que se ha realizado acompañamiento a las familias de los heridos dándoles detalles sobre el estado de salud de los reclusos.
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Cabe recordar que, el pabellón en el que se generó el incendio, de unos 60 años, albergaba a cerca de 160 sindicados y condenados a nivel medio de seguridad y no contaba con sistema anti incendio. Según el director del Inpec, el brigadier general Tito Yesid Castellanos, un número aproximado de 1.267 personas se encuentran en la cárcel de Tuluá, un 17% más de lo que permite el penal. Con la ayuda de los bomberos, los oficiales contuvieron el incendio y los afectados, los que sobrevivieron, fueron conducidos al hospital más cercano en Tuluá.
Ante la emergencia, el ambiente a las afueras de la cárcel también ha sido tenso debido al traslado de 350 reclusos a otras cárceles. Según informaron desde el Inpec, estos cambios se dieron con internos de los patios 8, 9 y 11, quienes han sido llevados a las cárceles de Ibagué, Calarcá, Armenia, Pereira, Manizales, Cartago, Jamundí, Palmira, Cali, Buga y Caicedonia.
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