Por pagar favores políticos se habrían presentado las irregularidades en contratación de kits alimentarios estudiantiles en Neiva

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización del alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, y otras seis personas como presuntos responsables de posibles irregularidades detectadas en un contrato suscrito al amparo de la emergencia sanitaria por el COVID – 19, el cual buscaba garantizar la alimentación de los estudiantes durante el periodo de aislamiento preventivo decretado por el Gobierno nacional.

El contrato, pactado en 5.250 millones de pesos, estableció que debía entregarse 105.000 kits alimentarios para preparar en casa. Al parecer, el mandatario intervino ilícitamente para que el contrato fuera direccionado y quedara en manos de una empresa con sede en Tumaco (Nariño).

Los elementos de prueba dan cuenta de que el alcalde, supuestamente, quiso favorecer a un contratista que tenía su centro de funcionamiento en un punto distante a Neiva porque quería retribuirle el apoyo y financiación que le habría brindado a su campaña política. La persona, presuntamente beneficiada es el concejal de Tumaco, Haiden Otoniel Vergara Quiñones.

Por estos hechos, un fiscal de Administración Pública, articulado con la Delegada para la Seguridad Territorial y la Dirección Especializada contra la Corrupción, formuló imputación ante un juez de control de garantías al alcalde de Neiva; al secretario de Educación de Neiva, Giovanny Córdoba Rodríguez; los asesores jurídicos de la Alcaldía de Neiva, Juan Felipe Molano Perdomo y Andrés Camacho Cardozo; los contratistas Carmen Rosaida Castillo Arboleda y Miguel Alfonso Banguera Jaramillo; y al concejal de Tumaco Haiden Otoniel Vergara Quiñones.

De acuerdo con el posible rol y nivel de participación les imputó los delitos de violación del régimen legal o constitucional e inhabilidades e incompatibilidades; e interés indebido en la celebración de contratos. Los procesados no aceptaron cargos.

De acuerdo con las investigaciones que adelantó la Fiscalía General de la Nación, el funcionario se habría dirigido hasta el municipio de El Charco (Nariño), para efectuar la firma del contrato de manera directa con dos operadores del Proyecto de Alimentación Escolar (PAE).

La serie de delitos ocurrieron, presuntamente, por no haber tenido un número necesario de oferentes para que la Alcaldía, mediante la libre competencia, pudiera elegir la mejor opción para los suministros del PAE.

En 13 entidades Territoriales Certificadas (ETC) Putumayo, Popayán, Amazonas, Pitalito, Nariño, Magdalena, Cauca, Córdoba, Chocó, Neiva, Ibagué, Villavicencio, Vaupés, se presentaron, en 2021, los mayores incumplimientos a los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), con fallas en la oportunidad, cobertura, calidad, logística, entre otros aspectos, proyectando un riesgo alto para la ejecución del programa en el año 2022 en dichos territorios.

Así lo revela un informe sobre las principales conclusiones de la ejecución del PAE en 2021, realizado de manera conjunta entre el Ministerio de Educación, y su Unidad Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender (UAPA), y la Contraloría General de la República, a través de la Delegada para la Participación Ciudadana y las Gerencias Departamentales Colegiadas.

Según el informe de la Contraloría, en el caso particular de Neiva, se inició tarde la atención de PAE, no garantizaron continuidad en la prestación del servicio para los 180 días del calendario escolar en los que se entrega PAE, debido a las suspensiones presentadas, además de la finalización del contrato el 31 de agosto, y aunque adelantaron proceso por licitación pública, el proceso se declaró desierto.

Finalizó año con entregas bajo la modalidad de atención RPC y no contó con un soporte normativo en razón a lo establecido en la resolución 777 del Ministerio de Salud.

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