
El exmagistrado de la Corte Constitucional Rodrigo Escobar, a través del Comité de Coordinación de Procedimientos Especiales, envió una petición a las Organización de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra para que revisen su condena, argumentando que él nunca perteneció al ‘Cartel de las Tutelas’.
El Tribunal Superior de Bogotá revocó la absolución que un juzgado de la capital emitió el 15 de septiembre de 2017 a favor del exmagistrado de la Corte Constitucional Rodrigo Escobar Gil por el delito de tráfico de influencias.
En consecuencia, lo condenó a cuatro años de prisión e inhabilitación para el ejercicio público y una multa de 100 salarios mínimos (unos 78 millones de pesos, en esa época), al considerar que Escobar Gil, en calidad de abogado de Fidupetrol, sí traficó influencias frente a funcionarios de su antigua corte.
La Fiscalía también dio a conocer en ese momento, que Fidupetrol contrató a Rodrigo Escobar para que los asesorara y así anular el fallo emitido por la Corte Suprema que lo obligaba a pagar una sanción de $23.000 millones.
La petición a la ONU
Según los argumentos que expone en esta carta, y de acuerdo con la narración de Blu Radio, el proceso que llevó a su condena fue irregular y no tuvo un juicio justo porque se aceptaron pruebas anónimas, “no acordes a la ley”, y el Consejo Seccional de la Judicatura había absuelto al exmagistrado al encontrar ajustado al derecho su conducta porque fue Fidupetrol el que contactó a Escobar, únicamente requiriéndole información.
En la carta argumenta que la Fiscalía General de la Nación invocó la existencia de un documento anónimo, medio que en el derecho colombiano carece de legalidad y valor probatorio, y sin que se hubiera sometido a procedimiento alguno para validar la veracidad de la información allí contenida.
En ese documento anónimo, de acuerdo a lo que indica el medio, se afirmaba que Rodrigo Escobar Gil y sus abogados se habían reunido para utilizar un supuesto fondo común con el entonces magistrado Jorge Pretelt, de cerca de 2.000 millones de pesos con el fin de realizar sobornos en la Fiscalía y obtener información del caso, particularmente, sobre el preacuerdo entre Víctor Pacheco y el ente investigador.
“Dicho documento anónimo no solo fue invocado en una audiencia ante un juez de control de garantías, y filtrado a los medios de comunicación, los cuales reprodujeron íntegramente su contenido, destacando ante la opinión pública la supuesta orquestación de un “plan” de Rodrigo Escobar Gil para disponer de grandes sumas de dinero para obtener información sobre el proceso de Víctor Pacheco. Dicho documento anónimo, sin capacidad de ser judicializado, sirvió de base para que Rodrigo Escobar Gil fuera objeto de extorsiones anónimas”, según señala el documento conocido por Blu Radio.
Finalmente, en la petición elevada pide que en un plazo de 60 días le puedan dar respuesta acerca del caso del exmagistrado de la Corte Constitucional de Colombia.
En contexto: la sentencia
Según indica la sentencia, para reforzar el cuadro de los hechos la acusación se refiere a que Jorge Ignacio Pretelt Chaljub propició un encuentro entre Mauricio González Cuervo (magistrado ponente del caso Fidupetrol) y Rodrigo Escobar Gil (abogado de dicha compañía), oportunidad en la que este último no solamente mencionó al magistrado sustanciador la existencia del proceso de tutela, sino que le hizo referencia a varias situaciones por las que atravesaba la fiduciaria que él representaba; y que Fidupetrol tenía un plan para permear la Corte Constitucional, con el exclusivo propósito de obtener una decisión favorable a sus intereses en el proceso de revisión de la tutela, siendo Víctor Pacheco Restrepo y Rodrigo Escobar Gil protagonistas de ese plan.
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