Por cuarta vez: niegan la libertad al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá le negó la libertad a Luis Alberto Monsalvo Gnecco, Gobernador del departamento del Cesar, tras evaluar el recurso impuesto por el abogado del político, José Luis Barceló Camacho, quien exigió el levantamiento de su medida de aseguramiento debido a que no representa una amenaza para la sociedad. La razón por la cual el Tribunal decidió mantener a Luis Alberto restringido de su libertad es que no encontró dentro de las nuevas pruebas presentadas por Camacho un argumento contundente que logre desvirtuar la decisión tomada el pasado 18 de agosto de 2021.

Esta vez quien tomó la decisión fue el magistrado Mario Cortés Mahecha, quien afirmó que el argumento presentado no ofrece puntos válidos que destruyan la medida de aseguramiento impuesta:

Monsalvo Gnecco afirmó que desde el primer momento en el que se tomó la decisión de privarlo de su libertad todo se dio de forma injustificada afirmando que no existen pruebas en su contra aparte de los documentos públicos ya presentados:

Esta es la cuarta vez que el Tribunal le niega la libertad a Monsalve y hasta que no se dicte una sentencia final sobre el caso de corrupción del Programa de Alimentos Escolar (PAE), el gobernante no podrá regresar a su cargo. Además, en las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación volvió a presentar, por medio de un delegado, ante la Corte Suprema de Justicia la solicitud de una audiencia de imputación en contra de Luis Alberto.

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La Fiscalía le imputará los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros en calidad de coautor. Según el ente investigador, cuenta con evidencia que indicaría que Monsalvo, en su primer periodo como gobernador del departamento, entre 2012 y 2015, habría participado en irregularidades en la firma del contrato del programa mencionado anteriormente.

Según la información que se ha desvelado anteriormente, Alberto Monsalvo habría firmado hace 7 años un contrato con el Consorcio Alimentación Escolar A Salvo, quien estaría a cargo de proveer alimentación a niños, niñas y adolescentes que estudiaran en instituciones educativas rurales del departamento del Cesar. El contrato fue suscrito por un valor de $17.145 millones de pesos, pero luego de realizar las investigaciones pertinentes se evidenciaron al menos nueve inconsistencias en el documento como: falta de estudios previos, prepliegos amañados y deficientes y la evasión de requisitos de ley que habrían dado como resultado un detrimento de $3.000 millones de pesos por los cuales actualmente el mandatario está siendo acusado.

Cabe recordar que las autoridades le pusieron medida de aseguramiento al político se dio con el objetivo de apartarlo de su puesto público mientras que se tomaban las medidas necesarias para adelantar la investigación, imputación y próximamente sentencia del dirigente.

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