En el municipio de Puerto Concordia, Meta, las autoridades hallaron aproximadamente 2.000 minas antipersonales que presuntamente serían usadas para atacar a miembros del Ejército Nacional de Colombia.

En la Vereda de Los Andes, jurisdicción del municipio de Puerto Concordia, de acuerdo con el Ejército Nacional las minas estaban cargadas con aproximadamente 0,5 kilogramos de explosivo, cada una, y abundante material para la fabricación de las mismas.

Además, las autoridades confirmaron que el material explosivo fue destruido por personal experto en manejo de bombas y munición de pólvora.

De igual manera, la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, detectó los explosivos, los cuales pertenecían al Grupo Armado Organizado (GAO-r) residual o desidencias de la estructura ‘Jorge Briceño Suárez’.

Por su parte, Juan Camilo Restrepo, el Alto Comisionado para la Paz expresó a través de su cuenta de Twitter que, “demostrado, una vez más, que las estructuras criminales en este país están dedicadas al narcotráfico, la violencia indiscriminada y la instalación de #MinasAntipersonal. @COL_EJERCITO ubicó y destruyó un depósito ilegal con 2.000 de estos artefactos en el departamento del #Meta.”

En un informe del Centro Nacional Contra Artefactos Explosivos y Minas del Ejército (CENAM) por la conmemoración del Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal (4 de abril), aseguró que entre el año 2003 y marzo del 2022, 1.698 soldados han muerto a causa de estos artefactos.

En lo corrido de este año, son ocho los militares asesinados y 56 los que han resultado heridos.

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, entre enero del año 1990 y enero del año 2022 se han registrado 12.152 víctimas de estos artefactos, que su uso infringe el Derecho Internacional Humanitario y viola los Derechos Humanos. Según la entidad, de esta lamentable estadística, 7.286 de los lesionados o fallecidos son miembros de la Fuerza Pública y 4.866 hacen parte de la población civil, de ellas, 11.545 son víctimas por minas antipersonal.

El director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, dijo este 5 de abril desde Sonsón (Antioquia), que los colombianos afectados por este hecho victimizante, “son por sus acciones en sus comunidades, partir de la prevención y la educación en el riesgo de minas, un ejemplo de resiliencia y construcción de país”.

El director aseguró que el Estado colombiano ha sido ambicioso en poner en marcha una política pública con enfoque de Derechos Humanos para asistir, atender y reparar a las víctimas de este hecho, de acuerdo con los estándares internacionales y definidos por la Corte Constitucional, lo cual incluye a las víctimas de Minas Antipersonales (MAP), Municiones Sin Explotar (MUSE), y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI).

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