Paredes de la cárcel de Villavicencio podrían venirse abajo por problemas estructurales

Ni en las peores pesadillas alguien se imaginaría el escenario de ser sepultado por una pesada pared de seis metros de alto. Por riesgos mucho menores que ese, los trabajadores de obras requieren usar casco para desempeñar sus labores. No obstante, a este peligro se exponen a diario los 700 prisioneros de la Cárcel de Villavicencio (Meta), más sus guardias, los residentes de los barrios 20 de Julio y La Vainilla, los estudiantes de colegios vecinos y todo el que deba pasar por el sector a pie o con su vehículo.

Uno de los muros perimetrales de este centro penitenciario, que mide 200 metros de ancho por seis de alto, está ubicado entre las garitas 1 y 2, y tiene 15 centímetros de inclinación. No solo está en riesgo inminente de colapsar, sino que parte de la estructura se desprendió en 2019 y fue reparada a medias. No es el único, hay otro que está ubicado entre las garitas 3 y 4 con grietas y podría derrumbarse en cualquier momento.

“Lógicamente, evidencia un inminente riesgo de colapso. El peligro que pueden causar a los funcionarios del instituto, personas privadas de la libertad, personal civil en la vía pública, así como una fuga masiva de privados de la libertad”, aseguró el dragoneante Johan Alarcón, presidente del sindicato Sintrapecun, en la emisora Caracol Radio.

Según el líder sindical, durante los últimos dos años, la cárcel ha enviado 10 requerimientos de alerta y prevención al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y otros tres a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), que es la entidad encargada de mantener la infraestructura carcelaria. También han insistido ante la Alcaldía de Villavicencio, la Gobernación del Meta, la Contraloría, la Procuraduría y la Personería. Nadie se ha apersonado de la situación.

Carlos Morales, director encargado de la Cárcel de Villavicencio, le aseguró al diario local Llano Sie7eDías que lo máximo que ha logrado es un acuerdo de palabra con la Uspec para adjudicar recursos dedicados a la reparación del muro. No obstante, no se ha formalizado esta intención y el tiempo sigue pasando. Además, según sus cálculos, este arreglo costaría dos mil millones de pesos.

El pasado miércoles 20 de abril, el director de la Uspec, Andrés Díaz Hernández, salió al paso de la polémica y anunció que se enviarán 900 millones de pesos para que se hagan las reparaciones locativas que se necesitan. Según el funcionario, la obra se adjudicaría a mitad de año para que comience en el segundo semestre de 2022.

Por otro lado, la cárcel en cuestión tiene otra serie de problemas: está ubicada en una zona residencial, tiene hacinamiento y ya no puede ser ampliada. Díaz Hernández dijo que hay planes de trasladar esta prisión al municipio de San Martín. Sin embargo, para el director Morales, los lotes disponibles para construir la prisión no cuentan con los requisitos para sostener ese tipo de edificaciones.

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