
Un complicado panorama asume el Registrador Nacional Alexander Vega, quien luego del debate a control político citado por múltiples irregularidades en el proceso electoral de las elecciones legislativas que se celebraron el 13 de marzo, ahora debe afrontar un proceso judicial de dos años que vuelve a entrar en vigencia.
Se trata del proceso que tiene el magistrado Luis Alberto Álvarez, en el cual señalan presuntas irregularidades a la hora realizar la entrevista y proceso de elección del Registrador Nacional en el 2019, donde terminó elegido Alexander Vega.
Una de las primeras anomalías fue que son señaladas, fue el lugar donde se realizó la entrevista, ya que por lo general los candidatos realizan este proceso en el Palacio de Justicia, pero en esa ocasión se realizó en el Centro de Oficiales de la Policía (CESPO). Sobre esto indicaron algunos representantes de las cortes que en ese tiempo servían como Magistrados, que el cambio se hizo debido a que en ese entonces se presentaban protestas y presuntamente debido a la seguridad y comodidad de los candidatos, se les notificó el nuevo sitio para realizar el proceso de selección.
Para esclarecer esta
Para esclarecer esta situación fueron citados la exmagistrada de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, el exmagistrado Álvaro García y la exmagistrada Lucy Jeaneth Bermúdez. De igual manera se pidió la declaración de Juan Enrique Bedoya, quien fue secretario ad hoc del encuentro.
Dentro de las solicitudes para la declaración, está los links de las entrevistas donde se analizaron los diferentes candidatos, las preguntas y respuestas de ellos, así mismo la evaluación de los que escogieron a Vega como Registrador.
Las demandas contra la elección de Vega
Son varios los argumentos de las demandas impuestas en 2019 contra la elección del registrador. Uno de ellos es el puntaje que Vega obtuvo en la prueba clasificatoria de conocimientos: 453,423 puntos. En teoría, se llamarían a entrevista solamente a los diez primeros puntajes, siempre y cuando hubieran obtenido 500 puntos o más.
Pese a que el puntaje conseguido por el actual registrador no llegaba a ese umbral, Vega fue citado a la entrevista. Allí obtuvo 285 puntos de 300 posibles, calificación suficiente para hacerse con el puesto.
Como si fuera poco, las demandas dicen que Vega “no reúne las calidades y requisitos constitucionales y legales para haber sido elegido como tal”. Para llegar a ese cargo, el registrador debió demostrar 15 años de experiencia en la rama judicial, el ministerio público, el derecho o la cátedra universitaria sobre temas jurídicos.
Pese a ello, Vega puso en su hoja de vida que trabajó en dos sitios distintos al mismo tiempo: fue jefe suplente, abogado consultor y litigante en el Grupo Jurídico Empresarial Martínez & Vega Abogados, mientras era director ejecutivo de Transparencia Electoral.
Los demandantes aseguran que estas experiencias laborales simultáneas no pueden sumar doble antigüedad dentro del concurso público, con lo cual Vega apenas tendría un total de nueve años, diez meses y cuatro días de experiencia previa a su elección como registrador. No cumplir con ese requisito constituiría una violación del numeral cuarto del artículo 232 de la Constitución Política de Colombia.
Finalmente, las demandas también señalan que se cambió el lugar de las entrevistas a último minuto: no se hicieron en el Palacio de Justicia, como es costumbre, sino en el Cespo. Además, no se hizo de forma pública, sino a puerta cerrada.
El argumento que se manejó el 10 de octubre de 2019 para cambiar el lugar y cerrar las puertas del público fue una serie de manifestaciones que causaban ruido y alteraciones del orden público en cercanías del Palacio de Justicia. El consejero determinará la idoneidad de esta decisión.
Hasta este miércoles, que el tema se reactivó, la investigación se había abandonado porque una funcionaria de la Procuraduría General se había declarado impedida para manejar el tema; de eso han pasado ya tres años.
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