Campesinos del Catatumbo protestarán por sustitución de cultivos ilícitos

Los campesinos que habitan en la subregión del Catatumbo volvieron a denunciar que el Gobierno nacional no ha cumplido con lo pactado en el Acuerdo Final de Paz. La Asociación Campesina del Catatumbo (Asuncat), que tomó la vocería del tema, afirma que los problemas persisten después de cinco años y a pesar de los intentos de diálogo, por lo que están contemplando usar vías de hecho.

El problema principal estaría relacionado a la sustitución de cultivos ilícitos. Señala que no han obtenido soluciones por parte del Gobierno nacional, pero tampoco de las autoridades locales.

En Asuncat resaltan que los campesinos son los más afectados, porque se les pide destruir los cultivos de coca, pero no se les ha indicado una salida justa a la problemática de la droga del Catatumbo al exterior. Aseguran que las comunidades no creen en los anuncios del Gobierno nacional, pues se les ha pedido sustituir los cultivos ilegales por siembra de palma, cacao y fortalecimiento de ganado, pero esto quedó estancado.

Así las cosas, los miembros de Asuncat se reunirán en el sector de Campo Seis, en la zona rural de Tibú (Norte de Santander), para trazar un plan y definir cómo realizarán sus respectivas movilizaciones en los distintos municipios que integran el Catatumbo.

Cabe anotar que el año pasado, ante los anuncios del Gobierno nacional de reactivar la erradicación de los cultivos de coca en varios municipios de la zona del Catatumbo, los campesinos también realizaron manifestaciones.

El Gobierno ha adelantado fumigaciones de los cultivos ilícitos con glifosato, o de forma manual usando la fuerza, pero esto no ha sido eficaz. Con el uso del químico, hay que señalar que ya no es posible porque la Corte Constitucional dejó sin efecto la resolución que avala el uso del glifosato para erradicar los cultivos ilícitos en Colombia. El alto tribunal le ordenó al Gobierno nacional aplicar una consulta previa con las comunidades que se vean afectadas por el herbicida.

La decisión se registró después de que la Corte estudiara una acción de tutela presentada por varias organizaciones de derechos humanos y ambientales que aseguraban que no se les había preguntado acerca de la aspersión aérea de los cultivos ilícitos.

Las comunidades reprocharon que la Anla había emitido un documento que ordenaba la realización de audiencias virtuales debido a la pandemia del covid-19, pero que ellos no tenían acceso a herramientas tecnológicas que les permitieran participar.

A su vez, la Corte le dio plazo de un año a la autoridad ambiental y al Gobierno nacional para que adelanten un proceso de consulta previa con las comunidades étnicas que se encuentran asentadas en las regiones donde se utilizaría el glifosato para la aspersión aérea.

Es importante recordar que, la tarea de erradicar los cultivos ilícitos abarca 14 departamentos y 104 municipios, entre ellos Meta, Guaviare, Vichada, Putumayo, Cauca, Antioquia, y Bolívar.

De hecho, las comunidades campesinas del Pacífico Nariñense, del Catatumbo (Norte de Santander) y de los municipios de Caloto, Cajibío y Piamonte en el departamento del Cauca ya le habían pedido a la Corte tumbar el Plan de Manejo Ambiental. Incluso, algunos le comentaron al tribunal que fueron víctimas de supuestos abusos por parte de la fuerza pública, quienes están encargados de adelantar la erradicación de los cultivos ilícitos.

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