
La Fiscalía General de la Nación confirmó este martes, a través de la Seccional Nariño, la judicialización de nueve personas, entre creadores y empleados, de dos fundaciones de rehabilitación que operaban en Ipiales, al sur de ese departamento, acusados de someter a sus pacientes a tratos deplorables y diferentes tipos de tortura.
El ente acusador los capturó después de recopilar suficiente evidencia como para imputarlos con cargos por concierto para delinquir con fines de tortura; fraudulenta internación en asilo, centro médico o establecimiento similar; y actos de discriminación.
Se trata de los hermanos Jaime Alberto y Alex Andrés Benítez Benavides, conocidos con el alias de Los Pájaros; Maira Isabel Medina Guerrero, Luis Guillermo Jajansoy Juajibioy, Herlandy Ferney Yama Coral, Héctor Fabio Villa Anama, Diana Carolina Vallejo Jaramillo, así como los también hermanos Edinson Martín y Daisy Elizabeth Ruano Cabrera.
De acuerdo con la Fiscalía, “estas personas fueron capturadas durante diligencias de registro y allanamiento por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijín de la Policía Nacional, con apoyo de uniformados del Gaula Militar”.
Dicha entidad explicó que los hechos se habrían presentado desde el 24 de enero de 2020 hasta el pasado 23 de noviembre en las fundaciones Ría Nazareno y Proyectos Vida, ubicadas en el centro de Ipiales y la vereda San Francisco del municipio de Contadero, del mismo departamento.
Ambos establecimientos fueron creados por los hermanos Benítez Benavides como entidades sin ánimo de lucro, cuyo propósito era prestar servicios de rehabilitación a la población afectada por el consumo de drogas y alcohol.
Sin embargo, en desarrollo del proceso se evidenció que no contaban con los permisos y autorización de la Secretaría de Salud Ipiales y la Secretaría de Salud de Nariño para su funcionamiento. Asimismo, se determinó que las personas designadas para realizar los tratamientos y la rehabilitación de los pacientes no eran profesionales en psicología, psicoterapia, enfermería u otras áreas afines.
Prácticas de tortura
De acuerdo con las denuncias recibidas, estas dos fundaciones se convirtieron en centros de tortura, pues relatos de pacientes señalan que, “allí les realizaban prácticas de dolor y sufrimiento tanto físico como psicológico, indicándoles que eran métodos terapéuticos de recuperación”, indicó el ente acusador.
Igualmente, señaló que los procesados les propinaban golpizas a los pacientes con tablas de madera, les aplicaban choques eléctricos con pistolas taser en varias partes del cuerpo, los encerraban de manera prolongada, los obligaban a ingerir alimentos descompuestos e incluso a tomar su orina como bebida. También les hacían consumir alimentos cocinados con jabón o detergentes y los sometían a métodos de asfixia y ahogamiento.
“Mediante engaños, los hermanos Benítez Benavides al parecer hacían requerimientos económicos a las familias de los internos, asegurando su plena recuperación, ofreciendo servicios que nunca fueron habilitados para su tratamiento”, agregó la Fiscalía.
Por otra parte, se pudo determinar que los familiares hacían llegar a las dos sedes de los centros de rehabilitación dinero, alimentos, productos de aseo y camas para los pacientes; no obstante, estos nunca llegaron y aparentemente terminaron en manos de quienes operaban como tratantes.
Con ello en mente, la entidad abrió otra línea de investigación para establecer si se presentaron casos de abuso sexual y acoso contra las personas internadas en las fundaciones.
“Cabe anotar que, los 97 pacientes que estaban en dichas organizaciones fueron rescatados con apoyo de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud y la Personería, y entregados a sus familiares”, concluyó la Fiscalía.
Con todo, un juez de control de garantías de Ipiales impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para ocho de ellos, y detención domiciliaria para uno más.
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