
Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resaltara que se encuentran muy preocupados por el aumento de la violencia en el país, asegurando que, pudieron verificar que existe una concentración de hechos de violencia en contra de personas defensoras y con liderazgo social, excombatientes, “así como masacres en los departamentos de la región del Pacífico, en particular en los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, Antioquia y Norte de Santander que afectan de manera desproporcionada a pueblos indígenas, personas afrodescendientes y campesinas”.
El Ministerio de Relaciones exteriores le respondió a la Comisión asegurando que tienen completamente claros los retos que tiene el país para dar solución a esta problemática.
Así mismo, dice la CIDH que recibió información sobre muertes ocasionadas por las minas antipersona en el resguardo del pueblo embera en La Divisa, Alto Baudó, Chocó. El sembrado de minas antipersonales en este municipio habría sido denunciado por la Defensoría a través de las alertas 041/19, la 016-21 y 020-21, las dos últimas emitidas recientemente respecto de áreas contiguas, y en un comunicado de prensa sobre la crisis humanitaria en el departamento.
Ante esta alerta, la Cancillería colombiana en nombre del gobierno envió una respuesta por los serios cuestionamientos.

En primer lugar dice el gobierno que comparte la preocupación por la violencia contra personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos, e insiste en que el principal enemigo de la construcción de paz es el narcotráfico y los grupos armados ilegales que se nutren con las economías ilegales asociadas al problema mundial de las drogas y la minería ilegal.
Sobre los crímenes de líderes sociales y defensores de derechos humanos señala que el Estado ha implementado diversas medidas de prevención de delitos contra líderes sociales y de judicialización de aquellos que lastimosamente ocurren, y mencionó que “a través de estas acciones se logró 67% de esclarecimiento de los homicidios”.
Sobre los casos de feminicidios, la Cancillería argumentó que trabajan en ello implementado una policía integral para lograr que, desde la prevención, las mujeres vivan libres de violencia y miedo.
“El Estado es consciente de los desafíos que enfrenta pero hace un llamado a la confianza, en la medida que despliega estrategias integrales que buscan efectivamente prevenir las violencias, atenderlas oportunamente e investigar y juzgar a los responsables”: Cancillería colombiana.
La entidad insistió en que el gobierno de Iván Duque tiene disposición para atender las preocupaciones y observaciones de los órganos internacionales de derechos humanos como la CIDH.
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