
La Juez quinta Penal del Circuito de Neiva confirmó que condenó a 48 meses de prisión a la exalcaldesa de Neiva y exgobernadora del Huila, Cielo González Villa, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, la decisión se tomó luego de que se hiciera público que, en su administración, firmó un polémico contrato de cooperación con la Secretaría Técnica del Convenio Andrés Bello el 15 de abril de 2005 de manera arbitraria.
La firma se habría realizado con el fin de realizar “un estudio integral y diseño detallado para el mejoramiento del sistema del acueducto del municipio de Neiva”, el valor total del mismo fue de $360 millones, el cual, según la juez, fue adjudicado directamente y sin el agotamiento de proceso de selección necesario para este tipo de intervención.
De acuerdo con la Fiscalía, la exalcaldesa de Neiva, pasó por alto los requisitos legales esenciales para la suscripción de un contrato directo y al cual se le pretendió dar una apariencia de convenio de cooperación más no de contratación. La entidad aseguró que, ya que este fue un contrato que se financió con recursos públicos del departamento, se tuvo que haber realizado el proceso correcto de contratación y de trámites de ejecución impuestos por la ley.
Las investigaciones realizadas demostraron que el trabajo realizado por la Secab fue una intermediación para el manejo de recursos públicos, pues era esta entidad la encargada de contratar una consultoría para el desarrollo del estudio técnico, configurando con ello una tercerización o subcontratación por parte del municipio de Neiva.
En el fallo también determinó que Cielo González Villa, será inhabilitada con sesenta meses para el ejercicio de derechos y funciones públicas y deberá pagar una multa de cincuenta 50 salarios mínimos.

Otros alcaldes condenados:
Hace unas semanas se conoció que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Carreño condenó a nueve años y cinco meses de prisión a Aldemar Gómez González, exalcalde del municipio de Cumaribo (Vichada), por incurrir en delitos contra la administración pública. La Fiscalía lo imputó por el delito de celebración indebida de contratos en concurso homogéneo y sucesivo.
Aldemar Gómez fue alcalde entre 2008 y 2011 y en ese tiempo, según el material probatorio que entregó el ente acusador, el exmandatario no obedeció una instrucción del Ministerio de Protección Social que prohibía el traslado de afiliado a otras EPS.
El hombre firmó dos contratos con la administradora del régimen subsidiado Caja de Compensación Familiar (Cajacopi) Atlántico por más de 3.500 millones de pesos. De esta manera fueron trasladados a la EPS Cajacopi a integrantes de las comunidades indígenas de Acatisema y Palameku del municipio de Cumaribo (2009).
Se pudo constatar, entonces, que estas personas estaban afiliadas al régimen de salud subsidiado de EPS Asmeti, Ecoopsos y Fusissco. La decisión condenatoria contra el exalcalde no fue apelada por la defensa, así que se ordenó su captura de manera inmediata. También estará inhabilitado para celebrar cualquier tipo de contrato con el Estado.
Por un hecho similar fue condenado recientemente el alcalde del municipio de El Charco (Nariño), Víctor Candelo Reina y el asesor financiero de su administración, Jhon Jainer Torres, que fueron judicializados el pasado 9 de septiembre por un fiscal de la Seccional departamental.
El ente investigador le imputó cargos al mandatario de este municipio al suroccidente de Colombia por su presunta coautoría en los delitos de falsedad ideológica en documento público y contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso heterogéneo con violación de régimen e incompatibilidades.
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