
Desde hace más de tres mes los medios de comunicación del país han venido alertando sobre la compleja situación que se vive en Nariño a causa de los enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley. En sus hogares, atrapados, se encuentran integrantes y autoridades indígenas de 16 resguardos de la comunidad Awá. En la zona, disidentes de las FARC y paramilitares se disputan el dominio del territorio de la zona rural de Tumaco, en la costa pacífica. Con este contexto, autoridades piden al Gobierno Nacional girar su mirada a esta problemática para controlar la violencia que mantiene bajo terror a la comunidad.
Jaime Cortez, gobernador del resguardo de Piguambi Palangala, zona rural de Tumaco, manifestó, en testimonios rescatados por Blu Radio y El Tiempo, que los pobladores han tenido que detener actividades básicas como la pesca, por temor a perder sus vidas en medio del fuego cruzado. En sus declaraciones, aseguró que la situación por la que pasa la comunidad, por estos días, es la peor que se ha vivido desde la firma de los acuerdos de paz con el expresidente colombiano, Juan Manuel Santos, y la extinta guerrilla de las FARC.
“Hoy nadie confía en nadie, los caminos están minados y lo que es peor, el Estado nos abandonó a nuestra propia suerte”, comentó el líder indígena, quien, además, enfatizó en que se “nadie puede reclamar nada, no se puede decir nada porque de inmediato es amenazado, estamos incomunicados. Salir a conseguir comida o a las labores del campo se han convertido en un desafío a la muerte, el temor es generalizado entre los 32 resguardos que conforman el pueblo Awá”.
De la misma manera, otro líder de la comunidad, cuya identidad fue reservada por la emisora para salvaguardar su identidad, comentó que han llegado, incluso, a escuchar sonidos diferentes a los de las balas, y que se trataría de la detonación de artefactos explosivos de mayor letalidad. Así mismo, reveló que, conforme pasan los días, los “ruidos de las balas cada día son más cercanos a los pueblos”, en especial, en el corregimiento de Inda Sabaleta.
“El Gobierno conoce bien esta situación, pero no hace nada y nosotros estamos impotentes ante los hombres armados que se pasean libremente por las calles del corregimiento, intimidando a las comunidades”, sentenció el líder.

El pasado 3 de agosto, justamente, en el sector de Inda Sabaneta, se registraron fuertes combates, entre dos grupos armados ilegales, que ocasionaron la muerte de seis personas, entre ellas una mujer embarazada, quien fue víctima de una mina antipersona instalada en el sector conocido como Angostura. Para la comunidad esta fue una tragedia anunciada, pues, días antes, se había denunciado ante la autoridad competente el peligro al que estaban sometidos los ciudadanos.
Fue el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, además de la denuncia de la comunidad, el que publicó en su página oficial una alerta a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación que titula “Activación de alerta de grave situación de riesgo sobre la vida de niños, niñas y población del Resguardo Inda Sabaleta del Pueblo Awá, en Tumaco, amenazados de muerte”.
En la misiva se lee “invocamos su acción integral, mancomunada e inmediata para proteger los derechos fundamentales de los habitantes del Resguardo Inda Sabaleta, en especial de los niños y niñas de la Escuela Indígena Inda Sabaleta, en los términos de mayor protección ya establecidos por la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) en la MC 61 de 2011, a fin de garantizar la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo indígena Awá”.
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