Procuraduría solicitó un informe a las Fuerzas Armadas sobre la asistencia militar

Este 1 de junio, la Procuraduría General de la Nación solicitó un informe a las Fuerzas Militares sobre la asistencia que se desplegará en ocho de los 32 departamentos, como medida para acabar con los bloqueos que se han presentado durante el paro nacional.

El Ministerio Público exhortó a los uniformados a que el informe tenga todos los protocolos y manuales que se han expedido sobre la asistencia militar, la identificación completa de cada uno de los uniformados que estarán en esa operación y el armamento que portarán y “bajo qué protocolos se hará uso de él”.

Asegura la Procuraduría que también necesita una explicación sobre “en cuántas oportunidades, bajo qué circunstancias y en qué zonas del país se ha implementado la asistencia militar”.

El ente de control dijo que, “los integrantes de las Fuerzas Militares deberán privilegiar el diálogo y la mediación, como elementos determinantes y principales dentro sus actuaciones y sólo procederán al uso de la fuerza como último recurso”.

El Gobierno anunció que este despliegue militar se hará en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda.

Esta acción se logró gracias al decreto 575 de 2021 expedido por el presidente Iván Duque. Con este texto, se ordena a los mandatarios regionales y locales coordinar asistencia militar y de policía dentro de sus territorios.

Este decreto ha levantado controversia, pues organismos internacionales de Derechos Humanos nacionales e internacionales aseguran que no hay claridad sobre el uso proporcional de la fuerza y tampoco prioriza la mediación o el diálogo con los manifestantes.

“Coordinar con las autoridades militares y de Policía del departamento la asistencia militar de que trata el artículo 170 de la ley 180 de 2016”, señala el decreto.

Así mismo, señalan que los mandatarios locales, alcaldes y gobernadores están siendo obligados a dar cumplimiento del mismo, por las sanciones que dispone el mismo decreto.

“Los gobernadores y alcaldes que omitan el cumplimiento de lo dispuesto en este decreto serán sujetos de sanciones a que haya lugar”, asegura.

Noticias Uno indicó que las poblaciones en las que se implementaron las medidas, los mandatarios locales fueron desplazados de sus funciones con prácticamente una sustitución de sus funciones por parte de uniformados.

Una de las primeras críticas contra el decreto provino de José Miguel Vivanco, director de Human Right Watch para las Américas, quien sostuvo que la normativa no garantiza los Derechos Humanos, ni el uso proporcional de la fuerza de los militares, así como tampoco busca la mediación.

“Las órdenes dictadas no incluyen ninguna referencia explícita a priorizar el diálogo, evitar la fuerza excesiva y respetar los Derechos Humanos. Grave falencia que puede tener consecuencias irreparables”, dijo Vivanco.

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