
A través de las redes sociales de la Procuraduría General de la Nación, Margarita Cabello, envió un mensaje de apoyo a la fuerza pública en el marco de las protestas sociales que se presentan desde hace 20 días en todo el país. Según la funcionaria, los policías y agentes del Esmad están viviendo momentos difíciles a manos de los protestantes.
Frente a los abusos de derechos humanos y las diferentes denuncias por abuso policial, Cabello indicó que los uniformados “cuentan con los instrumentos necesarios para actuar con contundencia y efectividad en el marco de la ley y los derechos fundamentales. Sin atajos ni procedimientos arbitrarios”.
Pero dejó abierta la posibilidad de que miembros de la Policía que se salgan del marco constitucional, legal y que violen derechos humanos “se harán acreedores a las sanciones que correspondan”.
Sin embargo, fue enfática en exigir a los mandatarios locales a que usen las herramientas que están amparadas en la Constitución Política y que sean legales para enfrentar las situaciones de orden público con rudeza y así evitar que los marchantes cometan actos vandálicos.

Además, advirtió que el alcalde o gobernador que no se sienta capaz de asumir la responsabilidad frente a lo que está sucediendo o que crea que no puede controlar a los ciudadanos, renuncie a su cargo y de un paso al costado para que otra persona pueda liderar el proceso.
Denuncias por violaciones a los derechos humanos:
Luego de recibir varias denuncias por parte de ciudadanos, medios internacionales y políticos de la oposición, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, movimiento que indaga sobre los hechos de abuso en el mundo bajo el derecho internacional, pidió en una carta al presidente Iván Duque que intervenga inmediatamente en “la grave crisis de derechos humanos que vive Colombia”. La organización expresó que ha venido documentando el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.

Insistió en que dentro de las movilizaciones que iniciaron el pasado 28 de abril se han dado “múltiples violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, incluyendo la desaparición forzada y la violencia sexual”. Por eso, Amnistía Internacional le exige al Gobierno los siguientes puntos:
El primero es poner fin “inmediatamente a las violaciones de derechos humanos y al uso excesivo de la fuerza por la policía contra personas que se manifiestan, así como garantizar los derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica”; en segundo lugar, le pide que condene dichas acciones violatorias de los derechos humanos contra los manifestantes y dejar de estigmatizar la protesta social.
Como tercer punto, insta al Gobierno a que realice “sin demora” investigaciones imparciales y creíbles sobre este tema y sobre crímenes de derecho internacional. Luego, convoca a Duque a que se comprometa a permitir el acceso de mecanismos internacional y regionales de derechos humanos y, finalmente, exige “cumplir la obligación de crear un entorno propicio en el que se respeten plenamente los derechos de las personas a la libertad de expresión y reunión pacífica”.
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