Críticas a Enrique Peñalosa por trino sobre necesidades básicas de los indígenas

La minga indígena hacia afuera llegó a la capital del Valle del Cauca, la ciudad que se convirtió en el centro de las manifestaciones del Paro Nacional, donde han sucedido arremetidas violentas y se concentra el mayor número de muertos en medio de las protestas.

Este 9 de mayo, en el sur de Cali, supuestos civiles dispararon en contra de los indígenas que adelantaron bloqueos viales en esa zona del país. Al menos nueve participantes de la minga resultaron heridos y se conocieron videos de personas, en vehículos de alta gama, que dispararon en contra de esa población.

En medio de esa situación, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, publicó un trino sobre los indígenas del Cauca y sus necesidades básicas, que lo convirtió en el centro de la polémica.

“Algunos indígenas del Cauca olvidan que las carreteras, colegios, acueductos, centros de salud, electrificación, subsidios de vivienda, que hay en sus municipios, se hacen con impuestos pagados mayoritariamente en Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades. ¡Nuestra democracia funciona!”, escribió Peñalosa en su cuenta de Twitter.

Varias personas respondieron y retuitearon el trino del exalcalde de Bogotá, criticando sus palabras, porque los servicios que mencionan son algunas de las carencias de los pueblos indígenas que viven en el departamento del Cauca.

Así mismo, recordaron en sus críticas que el departamento del Cauca sostiene altas cifras de necesidades básicas insatisfechas, en 18% de los hogares de acuerdo con las cifras del DANE en la medición de 2018; pero que se incrementa al 22% en los centros poblados o rurales dispersos, donde se encuentran principalmente las poblaciones indígenas y afro. Una cifra que coincide, además, con la proporción de los grupos étnicos que habitan el departamento.

El 56% de sus habitantes son mestizos o blancos, y predominan en la zona plana del departamento que da hacia el interior del país. Se encuentra en su capital Popayán y los municipios cercanos, donde hay más oferta institucional del Estado, y más oportunidades de desarrollo económico. También se inscriben ahí los grandes hacendados y terratenientes que viven entre otras cosas de la ganadería y el cultivo de la caña de azúcar.

La población negra o afrocolombiana corresponde a un 22% de la población y aunque también están ubicados en la estribación de la cordillera occidental que colinda con los pueblos negros del pacífico.

Los indígenas o amerindios, por otro lado, son el 21% de la población y se dividen en dos etnias, los Nasa o Paeces, cuyos territorios se encuentran en el norte del departamento, en las partes altas de la cordillera; y los Guambianos que habitan en el sur del Cauca.

En términos educativos, por ejemplo, las 32 escuelas donde estudia la población indígena del Cauca fue excluida de la lista de instituciones oficiales por parte de la Gobernación en 2010. Fue hasta 10 años después que el Consejo de Estado anuló la decisión y reconoció la cultura de esa población y su modelo educativo.

En términos de carreteras, la única que conecta a los departamentos del sur del país, Valle, Cauca y Nariño es la vía Panamericana, mientras que las demás tienen mal estado y aumentan hasta en 10 horas el tiempo de transporte.

Según el diario El País, en el Cauca la malla el 76% de la malla vial del departamento se encuentra en estado afirmado, 12% pavimentada y el 10% en tierra. Así mismo, el 32% está en mal estado y el 42% en condiciones precarias, de acuerdo a un informe de Planeación Nacional que citó el periódico.

Sin embargo, esa no es la única situación que afronta el departamento del Cauca, que había denunciado desplazamientos forzados y presencia de actores armados en su territorio protegido.

Algunos informes señalan que la violencia en el departamento se recrudeció después de la salida de la guerrilla de las Farc en 2016. Al departamento, de acuerdo a Indepaz, llegaron estructuras del ELN con el frente José María Becerra y del EPL con el Frente Suroccidental Andrey Peñaranda Ramírez. Estos se han disputado las rutas y control de los cultivos de coca, a lo que se suma la entrada de disidencias de las Farc para retomar el control.

Desde el 2016 hasta el 2020 se registraron 271 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, de acuerdo al diario El Espectador. El 88% de esos casos se han presentado en las zonas rurales y principalmente en los municipios de los resguardos indígenas.