Fiscalía envió a juicio al gobernador de Chocó por presuntas irregularidades en contratos de prevención del covid-19

La Fiscalía General de la Nación radicó ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia un escrito de acusación contra el gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, luego de que las autoridades valoraran los elementos de prueba que dejaban en evidencia las presuntas irregularidades de contratación al amparo de la emergencia sanitaria por el covid-19.

La investigación se da a raíz del contrato de prestación de servicios N°198 del 15 de abril de 2020, suscrito de manera directa con la Fundación Chocó Saludable, con el fin de realizar jornadas de salud y mitigar el impacto de la pandemia en 27 municipios. Este tenía una duración hasta el 30 de mayo del año pasado y/o hasta el término de la duración de la contingencia.

El contrato, cuyo valor ascendió a los 2.091′500.000 millones de pesos, contempló 11 ciclos educativos en 116 comunidades indígenas, afrodescendientes y rom-gitanos; así como un plan de difusión de mensajes a través de pasacalles, vallas, pendones, plegables, cuñas y piezas audiovisuales, entre otros productos.

La Fundación Chocó Saludable debía adelantar actividades relacionadas con ciclos educativos, en sesiones de dos horas, sobre temas como: limpieza, desinfección, manejo de animales, enfermedades crónicas, autocuidado y salud mental, lactancia materna, sexualidad, gestante, higiene respiratoria en el trabajo, prevención de enfermedades respiratorias agudas y tuberculosis, todas enfocadas en la pandemia del coronavirus.

“La celebración del citado contrato habría vulnerado decretos y resoluciones que establecen los parámetros de contratación, en virtud de la coyuntura por el covid -19. Adicionalmente, se conoció que en el proceso de selección no fueron invitadas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) del departamento”, afirmó Gabriel Ramón Jaimes, coordinador de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Según las autoridades, la convocatoria fue dirigida a entidades de otra región que, al parecer, no tenían las competencias, perfil, experiencia, condiciones técnicas y operativas, entre otros requerimientos. Una de estas, la Fundación Chocó Saludable.

De otra parte, la finalidad del contrato, de carácter preventivo y publicitario, presuntamente desconoció las verdaderas necesidades de las poblaciones priorizadas, y desatendió las deficiencias en salud pública.

Según la Procuraduría, aunque las campañas eran de prevención, el objeto del contrato no contribuyó a mitigar los efectos del coronavirus y los recursos debieron ser priorizados para atender asuntos urgentes en salud como, por ejemplo, el pago de salarios de varios meses a funcionarios del Hospital Departamental San Francisco y la dotación de protección médica que no tuvieron.

Por estas y otras supuestas anomalías, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia presentó escrito de acusación contra el gobernador Palacios Calderón por los delitos de: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en la modalidad de tentativa.

Según reveló Noticias Uno en abril del año pasado, la Fundación Chocó Saludable era una megacontratista, pues se le habían adjudicado alrededor de 27 contratos con la Gobernación del Chocó desde el 2017, sobre todo en actividades de logística de eventos y algunos de capacitaciones. En octubre de 2019 la misma entidad sostuvo un contrato con la Gobernación con un objetivo similar de prevención en salud de varias enfermedades (no coronavirus) por 1.499 millones de pesos.

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