
El pasado 2 de marzo, un bombardeo ejecutado por el ejército nacional colombiano, dirigido a las disidencias armadas que hacen parte de la estructura de Alias Gentil Duarte, en inmediaciones del río Ajajú, vereda de Buenos Aires, en el municipio de Calamar, se convirtió en un punto controversial y de debate en el país. El fallecimiento de menores de edad en el área del ataque, hecho denunciado por Hollman Morris, y las justificaciones del Ministro de Defensa, Diego Molano, han generado indignación en la opinión pública, y una profunda tristeza entre las madres de los menores de edad que se encuentran desaparecidos luego del siniestro. Los familiares de los menores, de los que todavía no hay rastro, decidieron movilizarse a Villavicencio para tener información, de primera mano, de lo que pudo haber ocurrido con sus hijos.
De acuerdo con Noticias Uno, familias del Caquetá, del Meta, y del Guaviare, llegaron hasta las instalaciones de Medicina Legal de Villavicencio por la ausencia de información que tienen sobre sus hijos. Según sus testimonios, no han recibido información suficiente de los cuerpos que todavía tienen bajo su poder los forenses. Aquellos restos, según ellos, podrían pertenecer a sus hijos, desaparecidos hace más de diez días.
Organizaciones de derechos humanos, al enterarse de la presencia de las familias campesinas en Villavicencio, decidieron acompañarlos en el proceso de indagación y, ante el noticiero, Islena Rey, una funcionaria que hacer parte del Comité de Derechos Humanos del Meta, manifestó que las familias llegaron “exigiendo la institucionalidad (...) que se les diga la verdad (...) la mayoría de ellos estaban estudiando (...) en la época de pandemia, ellos salieron a buscar trabajo en los alrededores del caserío en donde vivían”.

Edilberto Daza, vocero de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos Oriente y Centro de Colombia, aseguró que “ellos quieren saber que pasó (...) sus hijos se fueron a trabajar”. Las familias, según relató el representante de la Fundación, se aterrorizaron luego de enterarse de las noticias del bombardeo que, días más tarde, dejaría un listado de nombres de los supuestos fallecidos en el ataque armado en el que, desafortunadamente, estaban los nombres de sus hijos menores de edad.
Danna Lizeth Montilla, una adolescente de 16 años, es la única de las desaparecidas que ya se confirmó como fallecida en el bombardeo, por parte de Medicina Legal. Jhon Albert Montilla, padre de la joven, aseguró, en una entrevista para El Tiempo, que antes de enterarse de la muerte de su hija pensó que la menor se había ido a trabajar con su novio, sin embargo, las desalentadoras noticias llegaron después.
“Me dijeron que la niña está sin la mano derecha y sin una pierna, y así me entregaron el cuerpo (...) es algo que se ha vuelto común, pero nunca pensé que le fuera a suceder a mi hija”, le comentó el hombre a ese medio nacional.
En medio de su diálogo con el noticiero de Canal Uno, Islena Rey aseguró calificó como ‘irresponsable’, ‘irrespetuosa’ e ‘inhumana’ las declaraciones del Ministro de Defensa, Diego Molano que, días después del informe, en una entrevista para Blu Radio, calificó a los menores como ‘máquinas de guerra’, “estamos hablando de un operativo que tenía una estructura narcoterrorista que usa a jóvenes para convertirlos en máquinas de guerra”, así mismo, en RCN Radio, los calificó de criminales, “dejan de ser víctimas cuando cometen delitos (...) desafortunadamente, se convierten en criminales”.
Para Islena, es una vergüenza el trato que se le está dando al tema cuando, según ella, y demás voceros de defensa de los derechos humanos, el Gobierno está tratando de minimizar sus acciones con la problemática del reclutamiento forzado de menores de edad a las filas de grupos armados al margen de la ley, para ella, ellos mismos (el Gobierno Nacional) no han podido terminar con este flagelo que vulnera los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
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