Revelan video inédito del allanamiento a un Batallón donde se perfilaba a periodistas

Hace 14 meses se conoció que miembros del Ejército Nacional estarían espiando a periodistas del país y hasta la fecha los hechos no han sido esclarecidos. Este domingo, 14 de febrero, en la emisión nocturna de Noticias Caracol, los periodistas Juan David Laverde y Jaime Florez, se revelaron videos claves en esta investigación, la lista de programas y dispositivos que usaron los uniformados para el espionaje y versiones de testigos clave.

Uno de los elementos principales en este caso es el video del allanamiento que adelantó la Corte Suprema de Justicia al al centro de datos de la Unidad de Inteligencia y Contrainteligencia Militar número uno, ubicada en Facatativá (Cundinamarca), el 18 de diciembre de 2019. En esa oportunidad, la magistrada Cristina Lombana lideró la inspección que intentó ser evitada por quien era el comandante de ese batallón, el coronel Milton Eugenio Rozo.

El uniformado puso resistencia a la diligencia y la situación se agravó cuando intentó sacar su celular por la ventana para hablar con el abogado del batallón a pesar de que la magistrada Lombana le había indicado que no se permite el uso de teléfonos durante el proceso. Ambos funcionarios sostuvieron una discusión por varios minutos y tuvieron que llamar al general Javier Ayala, el entonces jefe jurídico del ejército, y al general Luís Fernando Navarro, comandante de general de las Fuerzas Militares, para notificarlos de la situación.

Tanto Ayala como Navarro le indicaron a Rozo que debía permitir que se diera el allanamiento porque una magistrada de la República estaba liderando personalmente el proceso. A pesar de esto, el coronel no cedió.

“Mi general, puede ser el presidente de la República pero aquí, en estos momentos, tenemos unos hombres a los que le vulneraron los derechos. A mí me ultrajaron y no me dejaron hablar con el abogado del Ejército”, le dijo Rozo a Ayala.

El superior le dijo al uniformado que que debía calmarse o iba a generar un problema más grave. A pesar de la advertencia, el comandante continuó resistiéndose, a lo que la magistrada tuvo que responder de forma más severa. “Si el comandante Rozo sigue poniendo resistencia no voy a tener otra salida que hacerle el incidente de desacato y ordenar su arresto”, amenazó.

Al final, Navarro autorizó la diligencia que fue acompañada por la Dirección de Policía Judicial e Investigación (Dijín) y la Procuraduría General de la Nación. En el proceso se decomisaron CD’s y dispositivos digitales. Además, se revisaron servidores y computadores donde los militares guardaban archivos “ultrasecretos”.

“Directorio activo, correo electrónico, seguridad informática, aplicaciones de la inteligencia, software de cartografía, bases de datos y todo lo que tiene que ver con la inteligencia militar”, detalló uno de los investigadores.

El acceso a esta información permitió confirmar que los uniformados tenían perfilados a algunos civiles, entre los que se encontraban los periodistas. En el grupo se destacan Nicolas Casey, del The New York Times; John Otis, del Wall Street Journal, y María Alejandra Villamizar, de Noticias Caracol, entre otros.

Los militares tenían registrados información de cada uno de los investigados, su ubicación a tiempo real y un registro de los contactos más frecuentes de esas personas. Para obtener esta información los militares usaron 3 sistemas principalmente:

- Stingray, un sistema que sirve para ubicar geográficamente a una persona a través de su celular

- Voyager, una aplicación para establecer las redes de contacto y las interacciones en Facebook de los perfilados

- Tinfoleak, una aplicación para establecer quién generó una publicación en Twitter y saber cuántos, quiénes y desde donde lo retuitearon.

Es importante recordar que en mayo del año pasado la Procuraduría llamó a juicio disciplinario al coronel Rozo, quien fue retirado del Ejército. Además, otros diez militares fueron separados de sus cargos, entre ellos otros dos generales: Gonzalo García y Luis Felipe Montoya.

Hasta el momento, la defensa de los involucrados sostiene que los militares no incurrieron en el delito de espionaje. Reconocen que realizaron rastreos de fuentes abiertas y explican que esto no vulnera los derechos fundamentales de los perfilados, por lo que no hay un acto grave contra ellos.

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