
La Fiscalía General de la Nación confirmó este sábado la captura y judicialización de seis miembros de la banda ‘Los Impostores’ que cobraban hasta dos millones de pesos por cambiar las calificaciones de los estudiantes de derecho de la Universidad del Cauca con el objetivo de asegurar el diploma profesional.
“De acuerdo con los elementos de prueba, estas personas hacían parte del área administrativa del centro educativo. Al parecer, a cambio de dinero, ingresaban al sistema de información de la institución y modificaban las notas registradas por los docentes en materias que son requisitos para obtener título profesional”, señaló el ente investigador a través de un comunicado oficial.
Según el mismo, los miembros de la organización criminal venían adulterando las calificaciones de por lo menos 205 estudiantes de la institución de educación superior desde el año 2014. Todos ellos ya se habrían graduado de manera irregular.
Las investigaciones habrían comenzado gracias al profesor Milton Javier López, de la facultad de Derecho de Unicauca, quien le explicó al periódico El Tiempo que “cuando los estudiantes van superando el octavo semestre pueden ingresar a presentar sus preparatorios, pero me sorprendí cuando veía que algunos lograban sus grados y aparecían en el Simca — Sistema Integrado de Matrícula y Control Académico—, sin siquiera haber visto o ganado los Preparatorios de Bienes o de Familia”. Desde allí, fue la propia institución la que puso en conocimiento del Consejo de Estado los hechos, reportó en su momento W Radio.
Como explicó el Asesor del CTI en el Cauca, Edward Rodríguez, a través de la cuenta de Twitter de la Fiscalía, “estas personas vulneran de manera irregular el sistema de información de la Universidad y hacen cambio de las notas que son entregadas por los docentes, esto a cambio de dinero. Como resultado de esta irregularidad, se logran graduar cerca de 205 estudiantes”.
Los culpables de los hechos son Claudia Lucía Parra Arboleda, Luz Alba Palechor Ausecha, Wilmer Javier Huertas Ortiz, César Augusto Fajardo Urbano, María Alejandra Urresti y otra mujer que estaría involucrada en los actos ilícitos y que quedó vinculada a la investigación, pero de la que todavía no se conoce la identidad, pues permanece en libertad.
A todos se les imputaron los cargos de concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad material en documento público, obtención de documento público falso y acceso abusivo a un sistema informático. No obstante, solo cinco, aquellos de los que se conocen nombres, están completamente procesados y recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia.
Esto después de que, durante un operativo de registro y allanamiento conjunto entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijín de la Policía Nacional, con apoyo del Ejército Nacional, en Popayán y Santander de Quilichao (Cauca), en el que “fueron incautados elementos y evidencia física como computadores, teléfonos celulares y documentos importantes para la investigación”, detalló la Fiscalía.
Dichas pruebas fueron avaladas por un juez de control de garantías que fue quien finalmente les dictaminó la condena mencionada, teniendo en cuenta la actual directriz del Gobierno Nacional de prevenir las aglomeraciones en los centros penitenciarios del país, ya de por sí sobre poblados, para evitar un mayor número de contagios por covid-19.
Según lo informado por el ente investigador, el proceso continuará con el ánimo de determinar si hay más personas, especialmente funcionarios, involucrados en los hechos. También, para identificar a los ahora abogados que se beneficiaron con el sistema de fraude de ‘Los Impostores’. No es claro qué sucederá con los títulos profesionales de los mismos.
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