Ante el posible regreso del glifosato en Colombia, presentan argumentos técnicos para no volver a ese método

Este sábado 19 de diciembre, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) celebra la audiencia pública con la que podría modificar el Plan de Manejo Ambiental presentado por la Policía Nacional y así regresar a las fumigaciones aéreas con glifosato.

El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), representando a otras dos organizaciones (Elementa, Consultoría en Derechos, y Acción Técnica Social), entregará sus consideraciones para argumentar que la ANLA no debe otorgar la modificación del Plan de Manejo Ambiental para reanudar el PECIG, o Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con el Herbicida Glifosato.

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“Nuestra afirmación parte de un estudio jurídico, tanto del procedimiento de la audiencia como del documento, que podrán conocer en detalle durante y después de la audiencia, y que plantea al menos cinco argumentos”, señaló Dejusticia.

En el primer punto exponen que la modificación vulnera la obligación de implementar el Acuerdo de Paz y las órdenes de la Corte Constitucional de respetar una jerarquía entre métodos de eliminación de cultivos, en la cual la fumigación es el último recurso.

Como segundo argumento, indican que este plan no cuenta con información adecuada y suficiente para evaluar el riesgo y caracterizar la aplicación del principio de precaución ambiental. En tercer y cuarto lugar, dicen que el procedimiento de aprobación del Plan de Manejo ambiental tiene problemas estructurales en materia de participación ambiental general y de consulta previa.

Finalmente, Dejusticia expone que el funcionamiento del Plan de Manejo Ambiental, a través de unos planes generales y específicos, viola el principio de legalidad al no haber fundamento jurídico para esta figura que se está aplicando para una actividad tan controversial en el país.

Para estas organizaciones, que se oponen a que nuevamente se reglamente en Colombia la fumigación aérea con glifosato, el análisis de riesgo es completamente precario, tomando metodologías del sector petrolero no ajustadas para los detalles del proyecto de aspersión ni para los territorios que pueden ser afectados.

“No se evaluó la amenaza tecnológica en que se constituye no solamente la aspersión aérea sino también la acumulación en bases operativas o la falla de aeronaves o de los compartimientos de carga del glifosato”, apuntan.

Además, afirman que no se consideró que los territorios sobre los cuales volarán las aeronaves, no son desiertos, sino que están poblados por familias, que cerca del 25% de las personas corresponden a menores de 14 años, que existen escuelas, centros de salud y viviendas que pueden ser afectados por contingencias y accidentes que pueden poner en riesgo tanto la vida como la salud de los pobladores.

“Por todo lo anterior, desde Terrae y Dejusticia creemos que una eventual aprobación de las fumigaciones aéreas con glifosato pone en riesgo el medio ambiente y la salud pública y generará contaminación sobre ecosistemas y sobre fuentes de agua que abastecen poblaciones rurales a los que el mismo estado no ha garantizado su suministro”, se lee en el informe.

Los argumentos que llevó la Policía para reactivar las fumigaciones

Por su parte en la audiencia La Policía señaló que se realizó un estudio que permitió identificar 104 municipios en 14 departamentos que tienen las condiciones para la fumigación aérea.

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Igualmente enfatizó en los daños en deforestación y afectación del medio ambiente que representa la existencia de los cultivos ilegales. Los expertos de la Policía señalaron que los narcotraficantes usan unas 70 sustancias químicas en todo el proceso para producir la droga, insumos que son luego arrojados en las zonas de cultivo.