
Tras la discusión en el congreso del artículo del Proyecto de Ley que exoneraría a las farmacéuticas de ser responsable de los posibles efectos secundarios de la vacuna contra el coronavirus, que pretenden inmunizar a 15 millones de colombianos, el ministerio de Salud confirmó que el Gobierno asumirá la responsabilidad de investigar.
Según el diario El Tiempo, el jefe de la cartera, Fernando Ruiz, señaló que esta medida se tuvo que tomar debido a que la vacuna se está desarrollando en menos de 11 meses. “Las empresas farmacéuticas están requiriendo esta exoneración de responsabilidad que prácticamente en todo el mundo está teniendo que aceptar”, detalló Ruiz.
Asimismo, Ruiz contó que los fabricantes de inmunizantes argumentaron que no pueden adjudicarse esas posibles consecuencias, pues la contingencia obliga al uso de emergencia de las vacunas y por lo tanto no alcanza a completar las pruebas de rigor.
El ministro enfatizó: “Lo que se plantea es que, en este caso el gobierno colombiano asume los efectos adversos de las vacunas y de alguna manera exime al productor de la responsabilidad sobre esas eventuales complicaciones que pueden derivarse del uso de las vacunas en condiciones de emergencia.”
Agregó que esta parte del proceso de las vacunas es un dilema a nivel mundial, pues algunos gobiernos no saben si es mejor esperar dos o más años para tener estudios certeros, o aceptar la responsabilidad de hacer uso de la cláusula de emergencia.
El ministro explicó que precisamente esa fue la razón por la que Colombia decidió no adquirir vacunas en negociaciones bilaterales, hasta que no se tenga el reporte de la eficacia de esta. Además, tampoco se comprarán aquellos inmunizantes que no tengan las respectivas aprobaciones de las agencias internacionales como la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos), de los Estados Unidos o EMA (Agencia Europea de Medicamentos).
En cuanto a posibles efectos que se presenten, una vez aplicada las dosis en Colombia, el ministro advirtió que todos los colombianos podrán hacer los respectivos reclamos. Ruiz destacó: “Todos los ciudadanos en Colombia tendrán derechos hacer cualquier reclamo frente a los posibles efectos adversos de la vacuna, nosotros necesitamos que haya una instancia técnica idónea, que evalúe esos casos y determine desde el punto de vista técnico y clínico si existen o no”.
El funcionario afirmó que el Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud, que está conformado por 71 propiedades del sector público y también del sector académico, es una prenda de garantía no solo para los colombianos sino también para el mismo Gobierno.
Polémica en el congreso por artículo que exime a las farmacéuticas de la responsabilidad de efectos adversos de la vacuna contra el COVID-19 en Colombia.
El pasado 24 de noviembre, la congresista Juanita Goebertus en su intervención en la Plenaria de la Cámara de representantes, advirtió que el Gobierno estaría aceptando no hacer responsables a fabricantes de la vacuna por efectos secundarios en el artículo cinco del proyecto de ley, el cual dice: “Los fabricantes de vacunas contra la covid-19 adquiridas y suministradas por el Gobierno Nacional sólo serán responsables por acciones u omisiones dolosas o gravemente culposas, o por el incumplimiento de sus obligaciones de buenas prácticas de manufactura o que cualquier otra obligación que le haya sido impuesta en el proceso de aprobación.”
La congresista expresó su preocupación y señaló que no se les puede exonerar totalmente de la responsabilidad, lo cual según la congresista sería muy grave. “Lo mínimo que tenemos que garantizar desde este congreso, es que no se les exonere de esa responsabilidad. Desde luego, esto es dificilísimo, complejísimo, por supuesto que hay riesgos, que hacen parte de lo que seguramente tendremos que correr, pero lo que no podemos hacer es quitarle responsabilidad al fabricante. Por eso yo si sugiero la eliminación de este artículo. Que respondan como responden usualmente cualquier fabricante, no tenemos por qué hacer una limitación.”
A pesar de las advertencias durante la plenaria, este artículo finalmente fue aprobado. Pronosticando el escenario de posibles demandas, el proyecto estableció que “el Gobierno Nacional, sujeto a la disponibilidad de recursos, podrá contratar una póliza de cobertura global para cubrir las posibles condenas que puedan presentarse por reacciones adversas a las vacunas contra la Covid-19 aplicadas por el Estado colombiano.”
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