Compradores del edificio Aquarela en Cartagena demandarían a la ciudad por la demolición de la obra

Después del anuncio del alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, de cumplir con la orden de restitución del espacio público ocupado de forma ilegal por el edificio Aquarela, se conoció que algunas personas que adquirieron apartamentos en esa edificación buscan ejercer acciones judiciales en contra del Distrito.

La jefa de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía Mayor de Cartagena, Myrna Martínez Mayorga, dijo que su oficina será la dependencia que atenderá cualquier tipo de reclamación. La funcionaria aseguró que se defenderán los intereses de la administración con la plena convicción que dicha decisión cuenta con todo el respaldo legal requerido, informó Caracol Radio.

“Desde la Oficina Jurídica de la Alcaldía se prevé atender cualquier reclamación que se presente en contra de la administración distrital; para ello, nos hemos acompañado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ( ANDJE), como de la misma Procuraduría, quienes, en conversaciones que hemos sostenido en mesas de trabajo, complementan el blindaje jurídico que respecto de la Administración pueda implicar una posible responsabilidad en acciones futuras que se presenten por parte de quienes consideren resultan afectados”, aseguró Martínez Mayorga.

Para la alcaldía de Cartagena, la restitución de los 619 metros cuadrados de espacio público ocupados de forma indebida por la edificación no es una decisión caprichosa, se basa en una orden que está en las resoluciones 001, proferida por el Inspector de Policía 2 de la ciudad, y 7589 de 2018, dada por la Secretaría del Interior y Convivencia.

“La acción que procede es la demolición de la edificación por parte de esta administración, como lo determina el artículo 194 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, ante el imcumplimiento de la constructora de ejecutar la orden proferida por parte de la Inspección de Policía”, sostuvo la alcaldía.

Así mismo, la administración local de Cartagena anunció que seguirá trabajando con el Ministerio de Cultura, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) y la Procuraduría General de la Nación, entre otras, para cumplir con lo pactado y teniendo como prioridad minimizar el riesgo para los vecinos del sector, la infraestructura histórica (Castillo de San Felipe que se encuentra a pocos metros) y conservar el título como Patrimonio de la Humanidad, que se ha visto en amenaza por esta construcción.

En la actualidad se espera que la UNGRD determine los pasos a seguir para demoler la torre uno del edificio Aquarela y así poder empezar la restitución del espacio público.

La ministra de Cultura, Cármen Vásquez, afirmó que la demolición del edificio cuesta entre 2.000 y 3.000 millones de pesos y que la financiarán las tres dependencias involucradas: el Ministerio, la UNGRD y el Distrito de Cartagena.

El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, dijo que “demoler el edificio Aquarela es una obligación, porque seis acciones legales así lo determinaron para proteger el patrimonio cultural y la seguridad de los ciudadanos”.

Adicionalmente, el pasado 27 de mayo, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, presentó un informe que daba cuenta de que la edificación no cumple con la norma de sismorresistencia.