Pesca ilegal, intereses políticos y ausencia estatal: los peligros en el Refugio de tiburones de Yuruparí

El distrito de Yuruparí, área marina protegida de amortiguación para el Santuario de Flora y Fauna de Malpelo, en el Pacífico colombiano, no cuenta todavía con un plan que regule la pesca pese a haber sido creado hace tres años. Se trata de una isla hermana de archipiélago ecuatoriano de Galápagos que, junto a Malpelo (declarado patrimonio de la humanidad en 2006), conforman un corredor vital para la conservación de la biodiversidad.

Las 2,6 millones de hectáreas del área marina protegida son frecuentadas por lanchas de pesca ilegal y ni los Parques Nacionales Naturales (PNN), la Autoridad Nacional de Pesca (AUNAP) o el Ministerio de Ambiente han hecho presencia estatal en el lugar. Es por esto que desde junio de 2018 se han realizado “diez aparentes esfuerzos de pesca por parte de tres barcos colombianos, dos panameños y uno ecuatoriano”, denuncia la investigación realizada por los medios Mongabay Latam y Cuestión Pública.

Se dice “aparente pesca” dado que es necesario complementar los hallazgos a partir de sistemas satelitales con la inspección en terreno. Esta es la mayor dificultad para catalogar este delito. Según Nicolás del Castillo, director de la Autoridad Nacional de Acuicultura y pesca (AUNAP), las actividades registradas por el equipo de Mongabay Latam serán revisadas para abrir investigaciones en caso de considerarlo pertinente.

La principal distinción entre Yuriparí y Malpelo, a pesar de tener objetivos similares, es el “aprovechamiento racional” de los recursos. En Malpelo la pesca es ilegal, pero en Yuruparí se permite bajo ciertas medidas de “uso sostenible, preservación y restauración”. Estas medidas aún no han sido delimitadas pues no se ha creado el plan de manejo correspondiente que estipule las actividades de pesquería permitidas, las cuotas de pesca por especie o las medidas de protección para especies en peligro de extinción. Pero, según la Armada y la autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), la pesca está prohibida por el artículo 54 de la Ley 13 de 1990.

El área protegida es el hábitat del tiburón martillo (del cual se utilizan las vértebras para extraer el cartílago con fines médicos contra el cáncer), el tiburón sedoso (cuya carne es la de mayor valor comercial en Buenaventura), tiburón aletinegro (sus dientes y mandíbulas son comercializadas para elaborar artesanías) y el tiburón zorro (que comprende el 85.5% de las capturas industriales), entre otros. Son especies de gran valor comercial por su alta demanda en el mercado asiático.

Felipe Ladino, ecólogo de la Fundación Malpelo, en entrevista con Cuestión Pública, afirmó que de 2009 a 2019 la población del tiburón martillo en el Pacífico Tropical colombiano disminuyó hasta un 90%".

Embarcaciones colombianas

Son tres las embarcaciones operadas por Seatech (productora de atún Van Camps) que realizaron cuatro aparentes intentos de pesca en Yuruparí, según datos de Global Fishing Watch. El primer barco es Denominador 1, con el que se intentó realizar actividades de pesca en noviembre de 2018. Esta embarcación ya ha sido investigada por pescar en 2009, 2010 y 2011 sin ningún registro en la Comisión Interamericana del atún Tropical (CIAT). Aunque dicho registro es obligatorio, pero les fue revocado en 2012.

El segundo barco es Sea Gem, realizó también aparentes intentos de pesca en 2019. Su historial incluye desechar residuos al océano, descartar atún (arrojarlos muertos al océano) y buscar peces en época prohibida en 2011. Esto es considerado desperdicio bajo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

El tercer barco, Cabo de Hornos, realizó intentos de pesca en el 2017 y, en el 2018, “ejecutó un aparente apagado del sistema de detección satelital”, según la investigación. Esta falta se puede considerar de gravedad, dado que estos sistemas son necesarios para el correcto seguimiento de las embarcaciones y así detectar la pesca en zonas prohibidas. El barco también tiene antecedentes que incluyen pescar y arrojar cadáveres de tiburones y atún en 2011. Además, fue sancionado en 2012 y 2016 por aleteo, práctica de cortar las aletas del tiburón y arrojar el resto del cuerpo al océano.

Respecto a estas denuncias, Nicolás del Castillo aseguró que desconoce el caso. Además, aseguró que el manejo de Yuruparí no es prioritario y que su aprobación como área protegida solo respondió a una exigencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Es importante añadir que el plan de control de pesca en esta región puede tardar dos o tres años más pues deben entablar el diálogo con Parques Nacionales Naturales y el Ministerio de Ambiente.

Pescadería y poder político

Cuestión Pública encontró que Seatech (Van Camps) donó $400 millones al partido Centro Democrático en 2018. Diego Canelos Velasco, gerente de la compañía, donó otros $80 millones a la campaña del actual presidente Iván Duque, según un informe de La Liga Contra el Silencio. Adicionalmente, los directivos hicieron donaciones a otras tres campañas previas (incluida la del expresidente Álvaro Uribe, por un monto total de $175 millones).

Un posible conflicto de interés del que da cuenta la investigación se dio en el Artículo 11 de la Reforma Tributaria firmada por Iván Duque en diciembre de 2019 que libró del IVA “la captura, procesamiento y comercialización de productos pesqueros”. Juan Carlos Losada, representante a la Cámara por el Partido Liberal, denunció que la bancada uribista aprobó dicha reforma, a pesar de las donaciones mencionadas.

Panamá y Ecuador

El barco Templario I, procedente de Panamá, registró cuatro aparentes intentos de pesca en 2019. Sus antecedentes van desde presunta pesca ilegal de atún en áreas protegidas del Chocó en 2008, pesca ilegal en época prohibida para evitar depredación y permitir la reproducción y subsistencia, hasta un aparente apagado de su sistema satelital en 2018.

El permiso de pesca a esta embarcación fue otorgado por la compañía colombiana NYN Shipping SAS, cuyo subgerente es Enrique Miguel Gerlein Navas, “sobrino del empresario barranquillero Julio Gerlein, investigado por el escándalo de compra de votos de la excongresista Aída Merlano”, señala la investigación.

El segundo barco panameño es Baraka, que realizó un aparente esfuerzo de pesca en Yuruparí en marzo de 2020. El antecedente más grave de esta embarcación hace referencia a una posible pesca en el Santuario de Malpelo en 2017. El tercer barco, de origen ecuatoriano, registró posible actividad pesquera en Yuruparí en agosto de 2018.