Cómo se coordinó una contranarrativa para desviar la investigación del magnicidio de Fernando Villavicencio en Ecuador

El caso del magnicidio de Fernando Villavicencio lleva casi tres años acumulando evidencia sobre el asesinato del ex candidato presidencial ecuatoriano ejecutado el 9 de agosto de 2023 al salir de un acto político en Quito. Ahora, un informe pericial forense de la Policía Nacional, al que Infobae tuvo acceso, agrega una pieza más: el contenido de tres memorias USB incorporadas al expediente bajo cadena de custodia, en las que quedaron grabadas reuniones donde figuras vinculadas a la Revolución Ciudadana coordinaban una estrategia para cuestionar la investigación judicial, presionar medios de comunicación y usar fuentes dentro del Estado para sostener la tesis de que el proceso era un montaje.

El documento, identificado como PN-Z9-DMQ-JCRIM-AVA-2026-00621-PER, es una pericia de criminalística que extrae, transcribe y materializa el contenido digital de los dispositivos. No interpreta ni acusa. Solo reproduce lo que estaba grabado.

En una conversación, de más de 25 minutos, los participantes discuten cómo cuestionar un certificado médico del IESS para sostener la coartada de una funcionaria vinculada al caso. En ese mismo audio, uno de los interlocutores propone usar la plataforma de cámaras de Segura EP –la empresa pública de seguridad del Municipio de Guayaquil– para rastrear movimientos, conseguir el distributivo de agentes de tránsito de los últimos seis meses para ubicar a una persona específica, y presionar desde la Asamblea Nacional para que se abra el celular de un detenido que se había negado a entregar la clave. La conversación tiene la cadencia de una sala de operaciones, no de una reunión política.

En otro pasaje, uno de los interlocutores propone usar a “un periodista extranjero” para hacer confesar a un abogado defensor quién le paga los honorarios, bajo la hipótesis de que ese abogado está siendo financiado por los mismos procesados. En otro fragmento, discuten en qué aplicación de mensajería cifrada comunicarse en adelante para no dejar rastros. Mencionan Wickr.

Lo que el informe pericial muestra no es la arquitectura de una operación paralela a la investigación judicial: reuniones periódicas con roles asignados, coordinación explícita con medios de comunicación identificados por nombre, uso de fuentes dentro de instituciones del Estado, y una preocupación constante y documentada por blindar la narrativa antes de que avanzara el proceso penal. En las transcripciones aparecen menciones a Radio Pichincha y al diario Expreso como espacios de difusión. Aparece también la figura de un teniente que investiga, un director de comunicación que coordina, y un bloque legislativo que debe actuar en paralelo.

La identidad de los participantes en esas grabaciones no la establece el informe pericial, que solo consigna “VM” para voz masculina y “VF” para voz femenina. Pero el ex policía Rodney Rengel, testigo protegido de la Fiscalía, es quien cierra ese eslabón.

Rengel es el hombre cuyo teléfono celular fue peritado en otro proceso por difusión de información reservada, y de cuya explotación forense provienen los audios incorporados al expediente. Rindió su testimonio anticipado el 3 de junio en la Cámara de Gesell del Complejo Judicial Norte, dos días antes de la audiencia preparatoria.

La diligencia fue reservada, pero al término, Amanda Villavicencio, hija del excandidato asesinado y acusadora particular en el proceso, declaró que Rengel ratificó reuniones presenciales y virtuales en las que participaron el ex presidente Rafael Correa, el ex ministro del Interior José Serrano, el ex asambleísta Ronny Aleaga y el legislador Ricardo Patiño. También se refirió, según Villavicencio, a encuentros en Venezuela con Aleaga, a una videollamada en la que habría participado el procesado Xavier Jordán, y a ofrecimientos de vivienda y trabajo en Estados Unidos a cambio de entregar una versión favorable sobre el caso.

Al día siguiente del testimonio, el propio Correa se pronunció en X. Confirmó que Rengel le pidió ayuda, que le encargaron investigar el caso Porsche, y exigió que los audios sean publicados completos y sin editar. Fue la primera vez en la que el ex presidente condenado por corrupción reconoció algún tipo de vínculo con el testigo.

Renato Montero, abogado de Daniel Salcedo —colaborador eficaz en el proceso—, señaló que el testimonio de Rengel corroboró elementos ya presentes en el expediente, incluyendo los dispositivos cuyo contenido consta en el informe pericial al que accedió Infobae. Salcedo, por su parte, había declarado previamente haber coordinado seguimientos a Villavicencio desde la cárcel y haber entregado esos informes a Serrano.

Ronald Herrera, ex agente de inteligencia policial que según el podcast Magnicidio —producido por las hijas de Villavicencio y su abogado Patricio Rosero— fue reclutado por Serrano para misiones clandestinas, declaró haber realizado vigilancias a Villavicencio por encargo. En mensajes incorporados al expediente, Herrera advirtió a su pareja que si algo le ocurría revelara que Jordán, Serrano y Marcelo Lazo le habían mandado a matar. Lazo, quien compartía comunicaciones cifradas con Leandro Norero y con alias Lobo Menor, declaró según el mismo podcast que el millón de dólares pagado a los cabecillas de Los Lobos para ejecutar el magnicidio fue reunido entre varios de los procesados, con participación de Rafael Correa y Jorge Glas.

Todo ese andamiaje debía exponerse este viernes 5 de junio ante el juez Geovanny Freire, en la audiencia preparatoria de juicio que definiría si los siete procesados pasan a la etapa de juzgamiento. No ocurrió. Las defensas de José Serrano y de Luis Alfredo Arboleda, alias Gordo Luis, presentaron incidentes procesales alegando que asistencias penales internacionales solicitadas a Estados Unidos, España y Colombia no han sido incorporadas al expediente. La audiencia fue suspendida sin fecha de reanudación. En las horas previas, Amanda y Tamia Villavicencio habían denunciado amenazas de muerte.