El Partido Revolucionario Moderno (PRM) de República Dominicana ha impulsado una reforma legislativa destinada a fortalecer los controles sobre el financiamiento político y prevenir la infiltración de recursos del crimen organizado, en reacción a incidentes recientes que vinculan actores políticos con estructuras criminales.
La propuesta, presentada por José Ignacio Paliza, presidente del PRM, ante el bloque de legisladores de la organización y entregada a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, establece estándares más estrictos de transparencia y mecanismos de trazabilidad para los aportes financieros, junto a un régimen de consecuencias para casos de incumplimiento.
Listín Diario y De último Minuto informaron sobre el proyecto, que apunta a resguardar la integridad del sistema democrático y restaurar la confianza ciudadana en la política. Uno de los ejes centrales de la reforma propuesta por el Partido Revolucionario Moderno es la implementación de programas internos de cumplimiento normativo. Estos programas buscan prevenir delitos como el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la corrupción, evitando la entrada del crimen organizado en los procesos de selección de candidaturas.
El documento contempla la creación de controles internos concretos y el fortalecimiento de la supervisión de la Junta Central Electoral (JCE) sobre el financiamiento partidario, con el objetivo de identificar el origen de los fondos y establecer sistemas de trazabilidad para detectar recursos ilícitos, según reportaron ambos medios.
“La democracia no se fortalece negando la realidad, sino enfrentándola”, subrayó el presidente del PRM, en línea con la preocupación institucional por la infiltración criminal en la política. La reforma incluye la ampliación de las facultades fiscalizadoras de la JCE e incorpora un régimen de consecuencias para las violaciones a normas de transparencia y control de fondos.
Requisitos de integridad
La iniciativa establece nuevos requisitos de integridad para quienes busquen cargos electivos. Los candidatos deberán presentar certificaciones de antecedentes penales, una declaración jurada de patrimonio, pruebas antidopaje y la respectiva autorización para que las autoridades partidarias comprueben la veracidad de la información aportada. Estas condiciones, que superan las exigidas tradicionalmente, pretenden cerrar el paso a personas con antecedentes delictivos o fuentes dudosas de recursos, puntualizó Listín Diario.
El proyecto también prevé mecanismos formales para la verificación y trazabilidad de los fondos recibidos por los partidos, para así prevenir el uso de recursos provenientes de actividades ilícitas, como señala el comunicado oficial citado por ambos medios.
Paliza explicó a Listín Diario que la reforma surge del compromiso asumido por el partido en su mensaje del 24 de noviembre de 2025, momento en que se anunció que se impulsarían “reformas que fortalezcan la integridad del sistema democrático”. Remarcó: “La mejor respuesta frente a cualquier señalamiento no es la retórica, sino la determinación. No es la negación, sino el fortalecimiento institucional”.
El proyecto reconoce públicamente que figuras ligadas a la política han enfrentado “procesos por presuntos vínculos con estructuras criminales”, motivando la adopción de controles más estrictos. Paliza expresó su expectativa de que el proyecto reciba respaldo transversal entre los partidos políticos, al considerar prioritaria la meta de alcanzar “un país más transparente y con instituciones más sólidas”.
El documento fue recibido por Ricardo de los Santos, presidente del Senado; Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados; y por Moisés Ayala, portavoz del PRM en la cámara alta, según Listín Diario.
La supervisión de la Junta Central Electoral
El proyecto del PRM prevé una ampliación de las atribuciones de la Junta Central Electoral en materia de control del financiamiento partidario. Según De último Minuto, la JCE ejercerá una vigilancia más severa, accediendo a información de quienes realicen aportes y asegurando que los fondos sean legítimos.
De detectar irregularidades o incumplimientos con las normas de transparencia y financiamiento, se contempla un régimen de sanciones que abarca desde la pérdida de candidaturas hasta acciones legales directas contra los responsables.
La reforma, promovida por el partido gobernante, responde al incremento de casos recientes relacionados con la penetración del narcotráfico y otras formas de crimen organizado en la política dominicana. La dirección política del PRM advirtió: “La política debe responder con firmeza frente a los riesgos que representan las estructuras criminales para la democracia”.
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