Nasry Asfura mantiene el liderazgo en el conteo de votos de las elecciones presidenciales de Honduras, con el 99,87% de las actas escrutadas y un 40,28% de apoyo, frente al 39,58% de Salvador Nasralla y el 19,13% de Rixi Moncada. El proceso electoral se desarrolla bajo un escrutinio especial de 2.792 actas con inconsistencias, mientras Estados Unidos ha revocado visas a funcionarios electorales hondureños y la presidenta Xiomara Castro ha anunciado que respetará los resultados oficiales, comprometiéndose a una transición pacífica, luego de algunas declaraciones de la mandataria que ponían en duda una transición pacífica en el país centroamericano.
El avance del escrutinio especial, iniciado el jueves tras casi una semana de retraso, ha sido clave para mantener la atención nacional e internacional sobre el proceso electoral.
Asfura, candidato del Partido Nacional, se consolida como favorito, mientras Nasralla, del Partido Liberal, y Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre), se ubican en segundo y tercer lugar, respectivamente. El escrutinio especial abarca 2.792 actas con inconsistencias y cuenta con la observación de organismos nacionales e internacionales. El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene plazo hasta el 30 de diciembre para oficializar los resultados definitivos.
Días atrás, la presidenta Xiomara Castro declaró públicamente que aceptará el resultado que proclame el CNE y que facilitará una transición pacífica el 27 de enero de 2026. Durante una ceremonia en Tegucigalpa, subrayó su respeto a la ley y la Constitución, y reconoció que los partidos tradicionales abandonaron la exigencia de un recuento total de las 19.167 actas presidenciales. No obstante, tanto Moncada como Nasralla han insistido en la necesidad de un conteo “voto por voto”, una petición que el CNE ha descartado por impedimentos legales. La mandataria reiteró que su gobierno garantizará una transición ordenada una vez que se emita la declaratoria oficial.
La candidata oficialista Moncada había encendido las alarmas el pasado fin de semana al afirmar que “jamás” reconocería los resultados del CNE.
Por su parte, en paralelo al proceso electoral, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la revocación de visas a funcionarios electorales hondureños, entre ellos Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral. La medida se fundamenta en acusaciones de obstaculizar el recuento de votos y de socavar la democracia en el país centroamericano. Washington ha señalado que estas acciones buscan respaldar la integridad del proceso electoral y la transparencia institucional en Honduras.
La organización humanitaria Cristosal, en tanto, emitió un llamado urgente para que el escrutinio especial se realice de manera transparente, pacífica y conforme a la ley electoral. En un comunicado, la entidad enfatizó que la voluntad popular expresada en las urnas “no se negocia ni se sustituye por arreglos políticos” y exhortó al CNE a respetar los plazos y procedimientos establecidos. Cristosal también instó a los partidos políticos a actuar con responsabilidad democrática, evitar discursos que fomenten la confrontación y canalizar los desacuerdos por vías institucionales. Además, pidió a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional abstenerse de intervenir en disputas político-electorales y actuar dentro de sus competencias constitucionales.
El contexto electoral hondureño ha estado marcado por episodios de violencia política. Según el informe “Democracia bajo amenaza” de Cristosal, entre septiembre de 2024 y el 2 de diciembre de 2025 se registraron 67 incidentes relacionados con la violencia política. La organización subrayó la importancia de documentar estos casos para exigir justicia y combatir la impunidad, con el objetivo de que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos sin temor.
La situación actual en Honduras evidencia la urgencia de que los actores políticos enfrenten los retos estructurales del país y fortalezcan las instituciones democráticas con la participación activa de la sociedad.
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