El nuevo ministro de Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, afirmó que la crisis venezolana solo puede resolverse mediante una transición democrática apoyada en instituciones capaces de sostener el día después de una eventual salida del poder de Nicolás Maduro. El planteamiento, formulado durante una visita oficial a Washington, busca proyectar la experiencia boliviana como referencia regional tras el fin de dos décadas de gobiernos socialistas en el país andino.
Aramayo evitó pronunciarse de forma directa sobre la continuidad de Maduro, pero subrayó que los procesos de cambio político deben anclarse en la voluntad popular y en marcos institucionales sólidos para evitar una mayor fragmentación en América Latina. En ese sentido, defendió que Bolivia logró proteger sus elecciones y canalizar una transición política sin ruptura del orden constitucional.
Las declaraciones del canciller se produjeron en un contexto de fuerte presión internacional sobre Caracas. Estados Unidos mantiene el foco en el régimen venezolano y en los últimos días ordenó un bloqueo a petroleros sancionados que entran y salen del país, en paralelo a su mayor despliegue militar en aguas latinoamericanas en décadas.
El nuevo presidente boliviano, Rodrigo Paz, busca capitalizar ese escenario para reforzar su giro diplomático. Tras ganar la segunda vuelta electoral del 19 de octubre, se convirtió en el primer mandatario conservador en Bolivia en 20 años, poniendo fin al ciclo del Movimiento al Socialismo (MAS) liderado por Evo Morales.
La delegación boliviana que visitó Washington, encabezada por Aramayo y el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, mantuvo reuniones con funcionarios del Departamento de Estado y otros organismos para sentar las bases de un eventual apoyo financiero. Bolivia atraviesa una aguda escasez de dólares, con impacto directo en el suministro de combustibles y en la estabilidad macroeconómica.
Durante sus primeras semanas en el poder, Paz logró aliviar las largas filas en las estaciones de servicio, pero en diciembre volvieron a registrarse problemas de abastecimiento de diésel. El Gobierno reconoció dificultades en la importación de carburantes en un contexto de reservas debilitadas y presión sobre el tipo de cambio.
La administración trabaja ahora en un plan para desmontar gradualmente el sistema de subsidios a los combustibles, vigente desde hace dos décadas. Aunque mantiene los precios internos entre los más bajos de la región, el esquema ha drenado recursos fiscales y fomentado el contrabando hacia países vecinos.
Aramayo señaló que el Ejecutivo espera cerrar acuerdos de ayuda financiera, canjes de deuda por programas y atraer inversión estadounidense durante el primer trimestre del próximo año. Washington, según explicó, había condicionado su respaldo a señales claras de disciplina económica y confiabilidad política.
Una misión del Gobierno de Estados Unidos recorre esta semana Bolivia para reunirse con empresarios locales y explorar oportunidades de inversión y comercio. La estrategia oficial apunta a presentar al país como un socio estable en un momento de recomposición del mapa político regional.
Además del frente económico, La Paz aspira a ganar peso geopolítico aprovechando sus vastas reservas de litio y su ubicación estratégica como puente terrestre entre el Atlántico y el Pacífico. Ese posicionamiento es clave en un contexto de competencia global por minerales críticos.
Pese al acercamiento a Washington, el Gobierno de Paz descarta una ruptura con China, principal acreedor bilateral de Bolivia y actor central en proyectos de infraestructura, minería, energía y tecnología desarrollados durante la era del MAS. La nueva política exterior se define, según Aramayo, por un pragmatismo centrado en los intereses nacionales y no por alineamientos ideológicos rígidos.
El reposicionamiento boliviano, que incluye un discurso más crítico frente a Caracas y un acercamiento a los líderes conservadores de la región, marca un cambio profundo respecto a la última década. Su viabilidad dependerá tanto del respaldo externo que logre asegurar como de la capacidad interna para gestionar una transición económica socialmente sensible y políticamente frágil.
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