Estados Unidos aplicará un nuevo paquete de sanciones comerciales al régimen de Nicaragua

Ni aranceles del 100 por ciento, ni expulsión del tratado de libre comercio. Estados Unidos anunció este miércoles un paquete de sanciones comerciales mucho más suave de lo anticipado contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, evitando aplicar nuevos aranceles durante 2026 y renunciando, por ahora, a tocar los pilares del DR-Cafta, el principal acuerdo que sostiene el comercio nicaragüense con su mayor socio económico.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) confirmó que el primer año funcionará como un periodo de “gracia”, aunque dejó listo un calendario de aranceles crecientes que entraría en vigor a partir de 2027 si Managua no muestra avances verificables en materia de derechos humanos, libertades fundamentales y estado de derecho.

Según el anuncio oficial, todas las exportaciones nicaragüenses no amparadas por las reglas de origen del DR-Cafta se someterán a un esquema arancelario escalonado: 0 por ciento en 2026, 10 por ciento en 2027 y 15 por ciento en 2028.

Estos porcentajes se sumarían a cargas ya existentes, como el arancel recíproco del 18 por ciento aplicado exclusivamente a Nicaragua.

El Gobierno de Estados Unidos subrayó que esta estructura podrá acelerarse, endurecerse o modificarse si el régimen no corrige los abusos señalados. En cambio, productos sensibles como el café, la carne o los textiles amparados plenamente por Cafta seguirán ingresando sin nuevos gravámenes.

La USTR justificó la suavidad inicial del paquete señalando la necesidad de “limitar disrupciones” para empresas estadounidenses, incluidas grandes minoristas e inversionistas con presencia en Nicaragua.

“Esta medida equilibra la necesidad de actuar y la importancia de evitar alteraciones mayores en las cadenas de suministro”, afirmó la oficina, que también insistió en que su mandato es comercial, no político, y que las sanciones deben diseñarse sin golpear de inmediato al consumidor estadounidense.

Asimismo, recordó que recibió más de 2,000 comentarios escritos y más de 160 testimonios en audiencia pública antes de adoptar su decisión final.

El expediente, abierto en diciembre de 2024 bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio, concluyó en octubre de este año que las prácticas de Managua en materia laboral, de derechos humanos y de estado de derecho eran “irrazonables” y “obstaculizaban el comercio estadounidense”.

Las evidencias recopiladas, incluyendo detenciones arbitrarias, violencia estatal, represión sindical, persecución de opositores, apropiación de instituciones públicas y cancelación de más de 3,500 organizaciones, fueron remitidas al Departamento de Estado para una evaluación paralela. Pese a la contundencia del informe, Washington optó por una respuesta gradual.

El opositor y economista Juan Sebastián Chamorro reconoció que el paquete es “más suave de lo esperado”, pero advirtió que “no deja de ser importante”. Para Chamorro, el arancel del 15 por ciento, sumado al 18 por ciento existente, puede colocar a numerosos productos nicaragüenses “en seria desventaja” una vez que entren en vigor.

“Eso podría dejar por fuera algunos productos del mercado”, señaló. Explicó además que la cláusula de origen 100 por ciento Cafta pondrá presión sobre sectores que dependen de insumos extra regionales, particularmente los textiles. “Nicaragua no produce algodón. ¿Cuánto de esa fibra viene del exterior? Esa es una pregunta que podremos responder con más precisión con el tiempo”.

“La administración buscó proteger a inversionistas y minoristas estadounidenses que venden productos nicaragüenses, asegurándose de que no haya intromisión de insumos de países no Cafta”, dice.

A su juicio, la lógica de la USTR no fue punitiva, sino “correctiva”: dar tiempo para que el régimen modifique políticas antes de que los aranceles se vuelvan efectivos. También subrayó que el régimen sigue expuesto a medidas adicionales del Departamento de Estado y del Tesoro, que operan bajo marcos legales distintos y no han sido descartadas.

Las medidas se anuncian un par de días después de que la Embajada de Estados Unidos en Managua lanzara una intensa campaña digital recordando los abusos del régimen en vísperas del veredicto comercial.

En redes, la legación publicó recordatorios sobre presos políticos incomunicados, confiscaciones, censura, represión policial, violencia estatal en 2018 y la cancelación masiva de ONG, subrayando que la política exterior estadounidense “no olvida” los abusos cometidos por la dictadura.

El informe que dio origen a estas sanciones documentó un patrón sistemático de represión: persecución religiosa, cierre de medios, encarcelamiento de opositores, desapariciones forzadas, torturas, expropiaciones masivas, cancelación de organizaciones de derechos humanos, intervención del Poder Judicial y anulación completa de elecciones libres.

También describió la asfixia del sindicalismo independiente, el uso de la Policía como aparato partidario y la imposición de un “modelo autoritario” que vulnera derechos laborales básicos, desde la negociación colectiva hasta la libertad de asociación.

En ese contexto, Washington decidió no tocar el DR-Cafta. Suspender o expulsar a Nicaragua del acuerdo hubiera afectado de inmediato a productos que representan la principal fuente de empleo formal del país, particularmente en zonas francas.

De hecho, una misión reciente del FMI advirtió que un golpe directo al tratado podría tener consecuencias “severas” para la economía nicaragüense.

Para el opositor Félix Maradiaga, la decisión de Washington no debe interpretarse como un gesto de indulgencia hacia el régimen de Ortega.

Señala que se trata de “una advertencia muy seria formulada de manera prudente”, resultado de una investigación que documenta abusos graves en materia de derechos laborales, derechos humanos, libertades fundamentales y el desmantelamiento del Estado de derecho.

Maradiaga destaca que la decisión de no suspender los beneficios del DR-Cafta responde al objetivo de evitar daños inmediatos en las cadenas de suministro y de no castigar al trabajador nicaragüense, quien vive bajo represión y pobreza. A su juicio, la medida combina presión firme sobre la élite gobernante con un cierto nivel de protección hacia la población, que no es responsable de las decisiones del régimen, pero sí su principal víctima.

“Es evidente que en este proceso se escuchó el cabildeo de grandes intereses económicos que, una vez más, priorizan la estabilidad de sus negocios por encima de los derechos humanos y del sufrimiento del pueblo nicaragüense”, apunta.

Dice también ver “que Washington quiso leer ciertas señales del régimen, como algunas excarcelaciones”, y optó por una respuesta gradual. “El riesgo es que parte del empresariado siga empujando por una ´normalidad´ comercial con una dictadura que no ha hecho reformas de fondo ni ha detenido la represión”, concluye.