La caída de la producción petrolera en noviembre confirma el deterioro operativo de Petroecuador en 2025

La industria petrolera ecuatoriana cerró noviembre con una señal inequívoca de retroceso. La producción nacional se ubicó en alrededor de 467.800 barriles diarios, una cifra que no solo rompe con el objetivo gubernamental de alcanzar los 500.000 barriles en diciembre, sino que sintetiza un año marcado por fallas continuas, baja inversión y una vulnerabilidad creciente en la infraestructura estatal.

La distancia entre la meta oficial y el desempeño real del sector se ensancha al mismo ritmo que se acumulan los incidentes que han afectado a Petroecuador a lo largo de 2025.

Las operaciones en noviembre expusieron, con particular nitidez, el deterioro de los campos más relevantes de la estatal. Sacha, su bloque estrella, experimentó una cadena de interrupciones que alteraron el ritmo de bombeo durante varios días. Una falla eléctrica, registrada el 25 de noviembre, dejó fuera de operación a 220 pozos. No fue el único contratiempo.

Dos pozos adicionales quedaron paralizados por problemas en los variadores de velocidad, equipos indispensables para sostener el flujo de extracción. En paralelo, otras unidades no lograron arrancar por el fenómeno conocido como back spin, que impide estabilizar las bombas en su puesta en marcha. Según una investigación de Primicias, a ese conjunto de fallas se sumó un episodio que llamó especialmente la atención: el 18 de noviembre la producción nacional cayó a poco más de 402.000 barriles diarios, el nivel más bajo registrado en el mes. Las autoridades regulatorias no han explicado qué originó esa caída abrupta.

Más allá del impacto inmediato, los incidentes de noviembre se comprenden mejor cuando se observa el desempeño anual de Petroecuador. Entre enero y octubre, la empresa apenas ejecutó USD 255 millones destinados a exploración y producción, un recorte del 84% frente al mismo periodo de 2024. Ese desplome presupuestario tuvo consecuencias directas: menos perforaciones, menos mantenimiento y un mayor deterioro de los equipos que sostienen la operación cotidiana en los campos. La reducción de inversiones debilitó la capacidad de la estatal para anticipar, corregir o mitigar las fallas que ahora se multiplican con mayor frecuencia.

La infraestructura de transporte tampoco quedó al margen del deterioro. La erosión regresiva del río Coca volvió a poner en riesgo al Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). En julio, tanto este ducto como el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) suspendieron actividades por el avance de la erosión en Napo. La decisión obligó a apagar pozos en la Amazonía y redujo temporalmente la producción nacional. Este tipo de paralizaciones, que se han vuelto recurrentes desde el colapso de 2020, siguen sin una solución estructural: la variante del SOTE —proyecto considerado indispensable— continúa sin ejecutarse.

La cadena de problemas no termina en la extracción y el transporte. La Refinería Esmeraldas, el complejo industrial más grande del país, opera por debajo de su capacidad tras el incendio ocurrido en mayo. Unidades clave permanecieron fuera de servicio durante meses y, al inicio de diciembre, la planta solo alcanzaba el 74% de su capacidad. La incapacidad de operar plenamente no solo encarece los procesos, sino que limita la disponibilidad de combustibles procesados internamente.

En medio de este contexto, la conducción institucional de Petroecuador también atraviesa un periodo de inestabilidad. En los dos años del actual Gobierno, la empresa ha cambiado de gerente en siete ocasiones. El más reciente relevo ocurrió el 25 de noviembre con la salida de Leonard Bruns y el nombramiento subrogante de María Danienda Conde, entonces viceministra de Hidrocarburos. La discontinuidad en la dirección ha impedido establecer una hoja de ruta coherente para enfrentar los problemas acumulados y ha debilitado la capacidad de gestión de la empresa.

El retroceso de noviembre, sin embargo, no es solo un síntoma del desgaste técnico y financiero. También revela una pérdida de resiliencia en un sector que históricamente ha sostenido buena parte del presupuesto nacional. Con una producción que retrocede, una infraestructura crítica sujeta a fallas y un nivel de inversión muy por debajo de lo esperado, el país llega al final de 2025 con menos margen para estabilizar los ingresos petroleros. La brecha entre los planes oficiales y la capacidad operativa real dificulta la planificación fiscal de 2026 y anticipa un escenario más complejo si las fallas continúan acumulándose.

La caída de noviembre es la confirmación de un año particularmente adverso para Petroecuador. Los problemas se han vuelto más frecuentes, más costosos y más difíciles de revertir. Salvo un giro rápido en inversión, mantenimiento e infraestructura, el país ingresará al próximo año con una producción debilitada y con la incertidumbre de si podrá sostener su principal fuente de ingresos en un contexto marcado por la inestabilidad interna y la fragilidad operativa.