Cinco policías militarizados del Batallón de Choque de la Policía Militar de Río de Janeiro fueron arrestados este viernes tras detectarse indicios de delitos durante la que se considera la operación policial más letal en la historia de la ciudad.
La intervención, desarrollada el 28 de octubre en los complejos de favelas de Penha y Alemão, dejó un saldo de 122 muertos, según confirmaron fuentes oficiales a la agencia EFE. Otros cinco agentes están bajo investigación y suspendidos de sus funciones operativas, mientras continúa el proceso interno que evalúa sus actuaciones tras la movilización de unos 2.500 uniformados.
El objetivo declarado de la operación era frenar el avance del Comando Vermelho (CV), considerada la organización criminal más antigua del estado.
Según el diario local, O Globo, la Corregedoria de la Policía Militar ejecutó diez órdenes de registro en domicilios y dependencias vinculadas a los efectivos investigados.
Las sospechas surgieron a partir de las imágenes captadas por las cámaras corporales que portaban los policías, revelando conductas consideradas constitutivas de delitos militares. Las autoridades, sin embargo, no detallaron de inmediato cuáles serían estas infracciones.
Entre los arrestados se encuentran Marcelo Luiz do Amaral, subteniente, y los sargentos Eduardo de Oliveira Coutinho, Charles William Gomes dos Santos, Marcus Vinicius Ferreira Silva Vieira y Diogo da Silva Souza.
Las grabaciones muestran a estos uniformados mientras intervenían vehículos dentro de la comunidad y retiraban diversas piezas, colocadas posteriormente en una patrulla bajo la supervisión del subteniente Amaral.
La Policía Militar informó que la detención de los agentes y la apertura de sumarios administrativos responde al compromiso institucional con la transparencia y el control de la actuación policial.
La fuerza aseguró que sancionará “con rigor” cualquier infracción comprobada y sostuvo que no tolera “ninguna falta ni delito” por parte de sus integrantes. Los arrestados fueron puestos a disposición de la oficina de inspección y enviados al Batallón de Prisiones, mientras que la 1ª Delegacia de Policía Judicial Militar (DPJM) seguirá con las pesquisas.
En cuanto a la reacción institucional, la Secretaría de Estado de Policía Militar señaló que la operación de esta mañana fue consecuencia directa de la revisión de las grabaciones y reiteró la política de “no compactuar con posibles desvíos de conducta”.
La magnitud de la acción generó respuestas inmediatas de actores políticos. El propio presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó la intervención como una “matanza” y un operativo “desastroso”.
Además, la fiscalía elaboró un informe para el Tribunal Supremo Federal en el que se identificaron dos cuerpos con lesiones “atípicas” para un enfrentamiento armado: uno presentaba disparos a muy corta distancia y otro fue decapitado con un instrumento cortante.
Por otro lado, la gravedad de los incidentes sacudió tanto a las fuerzas de seguridad como a las familias de las víctimas. Algunos organismos de derechos humanos insisten en la posible existencia de irregularidades graves.
(Con información de EFE)
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