La reciente decisión del Gobierno boliviano de eliminar el impuesto a las grandes fortunas ha generado debate en el país. La medida, que según el oficialismo busca atraer capitales y dinamizar las inversiones, ha generado reacciones encontradas entre quienes consideran que la supresión del tributo no beneficia a las mayorías y reclaman políticas integrales.
El martes, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anunció la eliminación de cuatro impuestos – impuesto a las transferencias financieras (ITF), impuesto a las grandes fortunas, el impuesto al juego y a las promociones empresariales – como parte de las medidas que se asumirán para estabilizar la economía del país.
Según el ministro, el ingreso por los cuatro impuestos no representa más del 1% de la recaudación fiscal, pero generó una serie de problemas en el ámbito de negocios. “El impuesto a las grandes fortunas ha representado una salida de capitales de Bolivia, un desincentivo muy fuerte a las inversiones extranjeras en el país”, justificó.
Los empresarios celebraron la anulación de los tributos que calificaron como “regresivos e innecesarios”. A través de un comunicado, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia señaló que los tributos “afectaron la economía y disminuyeron la inversión”.
En tanto, el empresario y ex candidato presidencial Samuel Doria Medina – que uno de los contribuyentes del impuesto a las fortunas-, señaló que era “contraproducente” porque ahuyentaba las inversiones. “Comienzan las señales económicas positivas, que tienen que irse completando con otras como la estabilización financiera”, agregó en una publicación en sus redes sociales.
Sin embargo, la medida fue cuestionada por su alcance y por ser considerada irrelevante en términos de recaudación para la magnitud de la crisis que atraviesa el país. La exministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, cuestionó que las medidas no representan un alivio para la clase media ni los sectores vulnerables de la población.
En tanto, Wilma Alanoca, concejal y exministra de Culturas, aseveró que “Rodrigo Paz trabaja para las élites y la oligarquía empresarial”. “Resulta que los ricos se están haciendo devolver privilegios, esto simplemente va a alentar la brecha entre ricos y pobres”, manifestó en contacto con periodistas.
La analista política y ex candidata a senadora por Alianza Popular, Susana Bejarano, señaló: “el propio ministro de Economía reconoce que la anulación de estos impuestos representa menos del 1% de la recaudación, pero ¿para qué sirven? Para dar una señal a los empresarios. Ninguno de estos impuestos afectaba a las grandes mayorías, afectaba a un pequeño grupo de personas que tienen bastantes recursos para aguantar tranquilos la crisis”.
En tanto, los economistas Jaime Dunn y Gonzalo Chávez coinciden en que las reformas tributarias anunciadas ayer no son relevantes por sí mismas. El primero considera que “la crisis exige decisiones contundentes y rápidas” y que “el gradualismo no es el camino”, mientras que el segundo afirmó que son “pequeños gestos tributarios que harán felices a algunos contadores y tal vez motiven a uno que otro compatriota en Madrid, Buenos Aires o Nueva York a pensar, muy tímidamente, si algún día vale la pena volver a mandar sus ahorros a Bolivia”.
El impuesto a las grandes fortunas fue implementado a finales de 2020 por el ex presidente Luis Arce con el objetivo de “reactivar la economía del país” tras el impacto de la pandemia de Covid-19. La previsión en ese entonces era recaudar 1.600 millones de bolivianos al año (unos 229 millones de dólares) para el Tesoro General de la Nación a través del cobro a personas con fortunas superiores a los 30 millones de bolivianos (4,3 millones de dólares).
Según publicaciones de la prensa local, este año solo había 263 contribuyentes registrados en el Sistema de Impuestos Nacionales y hasta octubre de este año, se habían recaudado 162 millones de bolivianos (23 millones de dólares).
El Gobierno de Paz ha señalado que la anulación de los cuatro impuestos y las reformas que se harán al Presupuesto General del Estado para reducir en 30% el gasto público son el inicio de un paquete de políticas que serán implementadas gradualmente hasta marzo para estabilizar la economía del país. “Estamos abonando el camino para que la economía se recupere”, afirmó ayer el ministro Espinoza.
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