El juicio por la desaparición forzada con resultado de muerte de los cuatro niños del sector Las Malvinas, en Guayaquil, entró en una nueva etapa este lunes, luego de que la Fiscalía concluyera la presentación de su prueba documental. Tras cuatro semanas de audiencias, el Tribunal Penal de Guayaquil dio paso a la intervención de las defensas de los 17 militares procesados, quienes anunciaron que buscarán desvirtuar varios de los elementos expuestos por el Ministerio Público y que ya iniciaron los primeros intentos por invalidar documentos clave del expediente.
La jornada empezó con un recuento final del fiscal del caso, quien enumeró las piezas documentales recabadas durante la investigación: declaraciones de los soldados imputados, videos de cámaras de seguridad de la avenida 25 de Julio y de la Base Aérea de Taura, dos reconstrucciones de hechos: la inicial y la que reveló golpes, insultos y castigos, informes antropológicos y forenses, y testimonios de adolescentes que estuvieron presentes la noche en que los niños fueron interceptados por personal militar. El expediente fiscal, según se expuso en sala, está compuesto por aproximadamente 50 cuerpos procesales que suman más de 5.000 páginas.
Entre esos documentos constan además oficios emitidos por las Fuerzas Armadas y la FAE sobre disposiciones internas adoptadas tras conocerse el caso, así como los resultados de la pericia informática a los teléfonos incautados durante los allanamientos del 23 de diciembre de 2024 en la Base Aérea de Taura.
Ese informe reveló un chat grupal llamado “Asesoría jurídica”, en el que los militares discutieron la aprehensión de los menores, coordinaron una reunión por Zoom y comentaron la necesidad de “unificar versiones”. En uno de los mensajes revisados por Criminalística, un uniformado señalaba que “en los informes nadie puso que hubo un disparo” y que no estaban “tratando de culpar a nadie”.
La Fiscalía reprodujo además el testimonio anticipado de un ciudadano identificado como Luis T., quien relató que, la noche del 8 de diciembre, vio a los cuatro niños afuera de su vivienda en Taura, semidesnudos y pidiendo ayuda. Según su declaración, les prestó ropa y facilitó un teléfono para que intentaran llamar a sus padres. El Tribunal permitió la reproducción del audio luego de que la Policía no lograra ubicar al testigo pese a las boletas emitidas para su localización. Otro testigo clave, que afirmó haber visto a los adolescentes subirse a una canoa, tampoco pudo ser encontrado.
Con el cierre de la prueba documental fiscal, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, que representa a las familias de los niños, anunció que acoge íntegramente los elementos presentados y respalda la investigación. Tras esa intervención, el Tribunal dispuso un receso para dar inicio a la fase de contradicción.
El primer abogado en intervenir fue el defensor de uno de los militares, quien solicitó al Tribunal declarar nulas varias pruebas documentales. Impugnó las actas de levantamiento de los cuerpos hallados en una zona de manglar en Taura, argumentando supuestas inconsistencias entre las versiones preliminares de familiares y testigos con sus testimonios posteriores ante el Tribunal. También pidió dejar sin efecto los informes de reconstrucción de hechos, incluida la pericia que describió golpes, latigazos e insultos, así como los informes antropológicos y forenses que sustentan la acusación. Cuestionó además las declaraciones de un coronel de la FAE y alegó ausencia de un perito durante una diligencia específica.
La defensa anunció que presentará una lista inicial de más de cien testigos y documentos propios, aunque adelantó que depurará ese número para concentrarse en cinco o seis testigos por cada abogado, más el testimonio de los procesados.
La audiencia se reanudará en los próximos días, cuando las defensas inicien la práctica de su prueba testimonial y documental. Los abogados de los militares han anticipado que intentarán desmontar la tesis fiscal de desaparición forzada, un delito de lesa humanidad, y que buscarán demostrar que los uniformados no tuvieron responsabilidad directa en las muertes de Ismael y Josué Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina. La Fiscalía, en cambio, sostiene que existen suficientes elementos que prueban que los niños fueron interceptados, retenidos, golpeados y trasladados bajo custodia militar antes de aparecer calcinados en Taura.
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