El Gobierno de Bolivia anticipa un anuncio formal sobre el regreso de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), después de casi dos décadas fuera del país. La decisión, adelantada por la vocera presidencial Carla Faval, representa un cambio sustantivo en la relación bilateral y en la estrategia nacional de lucha contra el narcotráfico.
Faval explicó que el presidente Rodrigo Paz ofrecerá “un comunicado al país” para detallar las fechas y los términos operativos del retorno de la agencia estadounidense. No aportó precisiones sobre el alcance de la cooperación, ni sobre si existe un acuerdo firmado entre ambos gobiernos, algo que por ahora no ha sido confirmado por Washington ni por La Paz.
El anuncio se inscribe en los primeros días de la Administración Paz, que asumió el poder este mes tras una campaña marcada por la promesa de estabilizar la economía y reconstruir relaciones internacionales. El Gobierno ya había indicado su intención de restablecer mecanismos de cooperación con Estados Unidos y varias de sus agencias, incluida la DEA, aunque todavía no se conocen los marcos legales y diplomáticos que regularán ese regreso.
La nueva aproximación bilateral se apoya en contactos realizados durante la etapa de presidente electo. Paz viajó a Estados Unidos antes de asumir el cargo para reunirse con representantes de la Administración de Donald Trump y de organismos multilaterales. El objetivo de esos encuentros fue asegurar el suministro de combustibles y explorar vías para aliviar la escasez de divisas que afecta a la economía boliviana.
El restablecimiento de la relación avanzó también en el plano diplomático. Christopher Landau, subsecretario de Estado estadounidense, asistió a la investidura de Paz y anunció junto al mandatario la hoja de ruta para normalizar las relaciones bilaterales, incluida la eventual restitución de embajadores. Ambos países mantienen sus representaciones a nivel de encargados de negocios desde 2008.
Ese año marcó la fractura con la DEA. El entonces presidente Evo Morales expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg, al que acusó de supuesta conspiración, y posteriormente ordenó la salida de la agencia antidrogas. Washington negó de forma reiterada esas acusaciones. Desde entonces, Bolivia desarrolló una política de lucha contra el narcotráfico centrada en sus propias fuerzas y con participación limitada de otros socios internacionales.
La eventual vuelta de la DEA reabre un debate interno que atraviesa al país desde hace décadas. La Constitución boliviana prohíbe la presencia de fuerzas extranjeras armadas en su territorio, una disposición señalada por Morales en octubre cuando advirtió que la agencia estadounidense no podría operar bajo el marco constitucional vigente.
Sectores afines al ex presidente, especialmente en el Trópico de Cochabamba, han expresado su rechazo al retorno y lo interpretan como un riesgo de estigmatización hacia una región donde se concentra gran parte del cultivo tradicional de coca.
La hoja de coca tiene un valor cultural e histórico en Bolivia. Su consumo está arraigado en comunidades andinas y su cultivo es legal en determinadas zonas. Las autoridades bolivianas han defendido en foros internacionales la exclusión de la planta de la lista de estupefacientes para avanzar en su industrialización y en el reconocimiento de sus usos tradicionales.
La política del país distingue entre la hoja en estado natural y el narcotráfico, aunque enfrenta presiones internas y externas para controlar las plantaciones excedentarias.
En paralelo al debate sobre la DEA, el Gobierno de Paz ha introducido otras medidas orientadas a flexibilizar el vínculo bilateral. Una de ellas es la eliminación del requisito de visa para ciudadanos estadounidenses que deseen viajar a Bolivia. Además, se anunció una política de “cielos abiertos” para fomentar la conexión aérea entre ambos países, así como acuerdos de financiación al desarrollo y la autorización de operaciones para el servicio de internet satelital Starlink.
La decisión sobre el retorno de la DEA, sin embargo, es la pieza más significativa del giro diplomático. Representa un intento de reposicionar a Bolivia en el tablero regional con una política exterior más pragmática, en un contexto marcado por la presión económica interna y las tensiones en torno al cultivo de coca y la expansión del narcotráfico.
El anuncio formal del presidente Paz definirá los parámetros y el alcance de la colaboración, pero también pondrá a prueba el equilibrio entre las demandas de seguridad, las sensibilidades políticas internas y el marco constitucional. Su contenido marcará el tono de una etapa en la que Bolivia busca recomponer alianzas sin renunciar a los elementos centrales de su identidad política y social.
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